El gobernador informó a la Cancillería que la visita del embajador de Estados Unidos sería protocolaria y no establecería mecanismos directos de cooperación en seguridad. Nueve días después de firmar ese oficio, ambos colocaron la primera piedra de una academia concebida precisamente para profundizar esa cooperación. La defensa del gobierno queretano terminó por documentar la contradicción.
Investigación y análisis | LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro. 6 de Octubre del 2026.— Mauricio Kuri sí notificó al Gobierno de México que recibiría al embajador estadounidense Ronald D. Johnson. Pero ese nunca fue el fondo del problema.
Lo verdaderamente relevante es qué informó.
En el oficio enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobernador describió una visita de carácter protocolario y aseguró que el encuentro no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia.
Nueve días después de firmar esa carta, Kuri y Johnson colocaron la primera piedra de una academia policial creada para recibir capacitación de agencias estadounidenses, compartir conocimientos especializados y preparar autoridades en la detección de drogas, armas, dinero ilícito y contrabando.
Estados Unidos la presentó como una ampliación de la cooperación en seguridad con Querétaro. La Fiscalía estatal la llamó una colaboración sin precedentes. El secretario de Seguridad Ciudadana habló de una nueva etapa de coordinación internacional.
El oficio no aclaró la controversia. La convirtió en una contradicción documental.
Una carta que omitió lo esencial
El documento fue firmado por Kuri el 23 de septiembre de 2026 y recibido por la Cancillería el día 25. En él se informó que Ronald Johnson visitaría Querétaro el 2 de octubre para abordar “diversos temas de interés común”.
Después llegó la precisión que hoy compromete la explicación gubernamental:
“La interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia”.
El oficio tampoco mencionó la Academia Internacional de Capacitación Policial, la colocación de su primera piedra, la participación de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada estadounidense —INL— ni el propósito de convertir a Querétaro en sede de capacitación para corporaciones nacionales y extranjeras.
El gobierno estatal avisó que llegaría el embajador. No informó con la misma claridad qué acudiría a inaugurar.
Esa diferencia es sustancial. Una notificación diplomática no equivale a la autorización de un proyecto internacional en materia de seguridad.
El embajador contó otra historia
Un día después del acto, Johnson difundió una declaración cuyo título no deja espacio para interpretaciones:
“Los Estados Unidos y Querétaro amplían la cooperación en materia de seguridad con la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial”.
El diplomático explicó que el centro sería el primero de su tipo en México y América Latina, dedicado a preparar autoridades para detectar e interceptar drogas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito y otras formas de contrabando.
Además, informó que Estados Unidos había destinado más de 10 millones de dólares durante la última década a capacitación y equipamiento en Querétaro. Desde 2015, según sus cifras, fueron capacitadas 4 mil 732 personas, incluidas mil 714 pertenecientes a la Fiscalía estatal.
Es importante hacer una precisión: esos 10 millones de dólares corresponden al apoyo acumulado durante diez años. No existe evidencia pública suficiente para afirmar que todo ese dinero será invertido en la nueva academia. La construcción del inmueble, de acuerdo con la información difundida, tendrá un costo estatal superior a 30 millones de pesos.
Pero el matiz financiero no modifica lo esencial: el embajador confirmó una relación sostenida de capacitación y equipamiento y presentó la academia como la infraestructura que permitirá profundizarla.
Lo que en la carta de Kuri no constituía un mecanismo directo de cooperación, en la declaración de Johnson era exactamente una ampliación de la cooperación bilateral.
La versión queretana también desmiente la explicación
No fue únicamente Estados Unidos quien contradijo el contenido del oficio.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la academia representa una colaboración “sin precedentes” entre Estados Unidos y Querétaro.
En la misma publicación, Johnson sostuvo que ambas partes deben compartir “capacitación, tecnología e inteligencia”. La Fiscalía reconoció, además, que su titular dialogó con el diplomático sobre la colaboración con INL y sobre nuevas oportunidades de formación para fortalecer las capacidades de investigación policial.
Iován Pérez, secretario de Seguridad Ciudadana, declaró que el centro inauguraba una nueva etapa de cooperación internacional en seguridad.
Es decir, el propio aparato de seguridad queretano certificó públicamente lo que el oficio dirigido a la Cancillería había descartado por escrito.
No parece una confusión semántica. Tampoco una diferencia menor entre “visita”, “capacitación” y “cooperación”. Se trata de dos caracterizaciones institucionales incompatibles sobre un mismo acontecimiento.
No fue una ocurrencia de última hora
Existe otro elemento que vuelve todavía más endeble la defensa del gobierno estatal: la academia llevaba por lo menos un año en preparación.
En septiembre de 2025, el propio sistema estatal de seguridad informó que la Embajada de Estados Unidos, mediante INL y sus operadores, había considerado establecer dentro del complejo Rhino una academia para capacitar instituciones nacionales e internacionales en materias de alta especialidad.
El anuncio quedó registrado en una publicación institucional de COSMOS.
Por tanto, cuando Kuri firmó el oficio del 23 de septiembre de 2026, su gobierno no estaba frente a un proyecto desconocido ni ante una actividad agregada de improviso a la agenda del embajador.
La academia había sido anunciada desde 2025.
¿Por qué, entonces, el documento enviado a Relaciones Exteriores no la mencionó?
¿Por qué aseguró que no se establecerían mecanismos directos de cooperación cuando la visita culminaría con el arranque público de un centro construido para fortalecer esa relación?
La explicación oficial tendría que responder esas preguntas. Hasta ahora, sólo ha confirmado que la carta fue recibida.
La Cancillería trazó la línea
La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que recibió el oficio, pero no lo consideró una solicitud de autorización para el proyecto.
La dependencia federal estableció que cualquier programa de capacitación o cooperación en seguridad con un gobierno extranjero debe contar previamente con el visto bueno del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.
La Cancillería fue todavía más explícita: la academia de Querétaro sí prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero y, por esa razón, debía presentarse ante ese órgano.
La posición fue difundida públicamente por la SRE, que ofreció acompañamiento al gobierno estatal para realizar las gestiones correspondientes.
La secuencia revela el tamaño del tropiezo:
- Kuri informó que no habría un mecanismo directo de cooperación.
- Estados Unidos anunció que la academia ampliaría esa cooperación.
- Las autoridades queretanas describieron intercambio de capacitación, tecnología e inteligencia.
- La Cancillería determinó que el proyecto sí debía someterse al procedimiento federal correspondiente.
La discusión dejó de ser una batalla de declaraciones. Ya existe una postura formal de la autoridad responsable de conducir las relaciones exteriores de México.
La fotografía federal no sustituye el permiso
Desde Querétaro se argumentó que representantes de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República asistieron a la ceremonia.
El señalamiento es relevante porque demuestra que el acto no ocurrió completamente al margen de funcionarios federales. Pero tampoco resuelve la omisión.
Una cosa es recibir una invitación y ocupar un lugar entre los asistentes. Otra es que las autoridades competentes hayan revisado y autorizado el esquema de cooperación internacional.
La presencia de mandos regionales no sustituye el visto bueno del Grupo de Alto Nivel de Seguridad. Tampoco reemplaza la intervención de la Cancillería ni acredita que el Gobierno federal conociera el convenio, programa académico, financiamiento, intercambio de información o eventual participación de instructores extranjeros.
La soberanía no se acredita con una lista de invitados.
Una zona jurídica que exige documentos
Querétaro tiene facultades para capacitar a sus policías. El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública corresponde a la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Lo que el estado no puede hacer es convertir esa atribución local en una política exterior propia.
La conducción de las relaciones exteriores corresponde al Ejecutivo federal. La Constitución también impide a las entidades celebrar tratados o alianzas con potencias extranjeras.
Eso no significa que los estados estén condenados al aislamiento. La ley les permite suscribir acuerdos interinstitucionales con autoridades extranjeras dentro de sus atribuciones, pero deben mantener informada a la SRE, someter el instrumento a revisión y registrarlo.
La Cancillería explica que no basta con informar una visita: debe enviarse el texto negociado, obtenerse un dictamen de procedencia y remitirse el acuerdo firmado para su inscripción.
En el registro público de acuerdos interinstitucionales de Querétaro no aparece, al cierre de esta investigación, un convenio específico con el gobierno estadounidense o con INL para crear y operar la academia.
Eso no demuestra por sí solo la existencia de un acuerdo clandestino. La cooperación podría desprenderse de un mecanismo federal previamente celebrado entre México y Estados Unidos. Pero si ese es el caso, Kuri debe identificarlo, mostrar su autorización y explicar por qué la Cancillería concluyó que todavía era necesario tramitar el aval correspondiente.
No es traición a la patria; es una posible deslealtad institucional
La gravedad política del episodio puede llevar a utilizar una de las acusaciones más severas del derecho mexicano: traición a la patria.
Los documentos conocidos no permiten llegar responsablemente a esa conclusión.
El Código Penal Federal exige conductas como actuar contra la independencia, soberanía o integridad de la nación con la finalidad de someterla a una persona, grupo o gobierno extranjero, o colaborar con una potencia en actos hostiles contra México.
No existe evidencia pública de que Kuri haya pretendido entregar la soberanía nacional, permitir operaciones policiales extranjeras o someter a México a otro gobierno. Tampoco se ha demostrado que agentes estadounidenses vayan a investigar, detener personas o ejercer atribuciones reservadas a autoridades mexicanas.
Afirmar traición a la patria sin esos elementos convertiría una investigación sustentada en una acusación estridente, pero jurídicamente frágil.
No hace falta exagerar lo ocurrido para advertir su gravedad.
Lo que sí está documentado es una posible deslealtad institucional: presentar ante el Gobierno federal una descripción incompleta del acto, negar por escrito la creación de mecanismos directos de cooperación y, días después, celebrar públicamente una infraestructura concebida para profundizarlos.
Puede haber responsabilidades administrativas o incumplimientos procedimentales. Determinarlas corresponde a las autoridades competentes. La responsabilidad política, en cambio, ya puede discutirse a partir de los documentos disponibles.
Doce respuestas que siguen pendientes
El gobierno de Querétaro debe transparentar:
- El convenio, programa o instrumento jurídico que sustenta la academia.
- La dependencia estadounidense que participará formalmente en su operación.
- La solicitud de autorización presentada al Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
- El dictamen, visto bueno o respuesta emitida por dicho organismo.
- Las comunicaciones completas enviadas a la Cancillería y al Gabinete de Seguridad.
- El inventario del equipo y la tecnología aportados por Estados Unidos desde 2015.
- El desglose de los 10 millones de dólares reportados por la Embajada.
- El programa académico y la identidad institucional de sus instructores.
- Los protocolos para compartir inteligencia e información sensible.
- Las reglas aplicables a policías de otros estados y países.
- El contrato y procedimiento mediante el cual se ejercerán los 30 millones de pesos de la obra.
- La razón por la cual la academia fue omitida en el oficio enviado a Relaciones Exteriores.
Mientras esa información no sea pública, la discusión continuará atrapada entre dos documentos: el que presentó una visita protocolaria y el que celebró una alianza policial.
La cooperación no es el escándalo; la opacidad sí
México necesita colaboración internacional para enfrentar delitos que no respetan fronteras. El tráfico de armas desde Estados Unidos, el narcotráfico, el lavado de dinero y las cadenas globales del crimen organizado no pueden combatirse desde el aislamiento.
El problema no es que Querétaro quiera capacitar mejor a sus policías.
El problema es que la cooperación internacional en seguridad no puede depender de arreglos ambiguos, oficios incompletos o acuerdos cuya existencia y alcance desconoce la ciudadanía.
Si el proyecto es legal, útil y respetuoso de la soberanía, el gobierno estatal debería poder mostrar sin titubeos quién lo autorizó, quién lo financiará, quién capacitará, qué información será compartida y qué controles impedirán la intervención extranjera.
La carta de Kuri no respondió ninguna de esas preguntas. Sólo demostró que el gobernador avisó que recibiría al embajador.
Y en este caso, lo decisivo no era quién llegaba a Querétaro.
Era lo que venía a inaugurar.
