La reforma al artículo 59 plantea reforzar la participación escolar, el seguimiento académico, el uso responsable de tecnologías y la prevención de riesgos; el dictamen todavía deberá ser votado por el pleno.
Querétaro, Qro., 14 de agosto de 2026.— La Comisión de Educación y Cultura de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó un dictamen para reformar el artículo 59 de la Ley de Educación estatal y ampliar las obligaciones de madres, padres y tutores en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes.
El proyecto fue avalado durante una sesión encabezada por Paul Ospital Carrera, presidente de la comisión, y en la que participaron los diputados Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y Edgar Inzunza Ballesteros. La diputada Teresita Calzada Rovirosa asistió a los trabajos legislativos.
De acuerdo con la información divulgada por el Congreso, la modificación pretende ordenar la corresponsabilidad familiar alrededor de cuatro ejes: participación en la vida escolar, seguimiento del proceso educativo, acompañamiento en el entorno digital y atención del bienestar y la prevención de riesgos.
La aprobación en comisión, sin embargo, no significa que la reforma ya se encuentre vigente. El dictamen deberá someterse a la consideración del pleno de la Legislatura y, si obtiene los votos necesarios, enviarse al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.
La corresponsabilidad familiar ya está en la ley
La propuesta no parte de un vacío normativo. La redacción vigente del artículo 59 ya obliga a quienes ejercen la patria potestad o tutela a garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban educación obligatoria; colaborar con las autoridades educativas; atender dificultades escolares y participar en la prevención de problemas de conducta, aprendizaje y violencia.
También establece el deber de acompañar la adopción de estilos de vida saludables y procurar la participación de los estudiantes en actividades cívicas. Estas disposiciones pueden consultarse en la Ley de Educación del Estado de Querétaro difundida por el propio Poder Legislativo.
Por ello, el alcance real de la reforma dependerá de la redacción que finalmente sea aprobada. El boletín legislativo no reproduce el texto completo del dictamen ni especifica si las nuevas obligaciones tendrán mecanismos de cumplimiento, excepciones, programas de acompañamiento o consecuencias jurídicas.
Esta precisión resulta relevante porque transformar el involucramiento familiar en una obligación legal exige considerar realidades diversas: hogares monoparentales, extensas jornadas laborales, migración, discapacidad, carencia de conectividad y dificultades económicas que pueden limitar la presencia de madres, padres o tutores en las actividades escolares.
Durante la sesión, Piedragil Ortiz sostuvo que algunas familias utilizan las escuelas como si fueran “guarderías” y trasladan toda la responsabilidad educativa al personal docente. Aunque el señalamiento pretende subrayar la importancia del acompañamiento familiar, generalizar esa conducta podría reducir un problema complejo a una supuesta falta de voluntad de las familias, sin atender los factores laborales y sociales que también condicionan su participación.
Una iniciativa surgida de un proyecto universitario
Paul Ospital explicó que la propuesta se originó en la Universidad de Excelencia Educativa, institución privada ubicada en San Joaquín, donde estudiantes de una maestría en Educación desarrollaron el planteamiento como trabajo académico. Posteriormente, añadió, el proyecto recibió adecuaciones jurídicas y parlamentarias antes de ser presentado formalmente.
El legislador afirmó que existen investigaciones en psicología del desarrollo, sociología y educación que muestran una relación entre el acompañamiento familiar y el desempeño académico. No obstante, en la información pública de la sesión no se identificaron los estudios utilizados, su metodología ni la evaluación de impacto que sustenta las modificaciones concretas.
La participación de instituciones educativas y estudiantes en la elaboración de iniciativas puede enriquecer el trabajo legislativo. Corresponde ahora al Congreso transparentar el dictamen completo y demostrar que la reforma es aplicable, proporcional y compatible con el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Una legislación eficaz no debería limitarse a acumular responsabilidades para las familias. También tendría que definir qué apoyo ofrecerán las autoridades y las escuelas: horarios accesibles de atención, orientación sobre riesgos digitales, servicios psicológicos, protocolos contra la violencia y canales efectivos de comunicación entre docentes y tutores.
Legisladores alertan sobre planteles sin reconocimiento oficial
En asuntos generales, Teresita Calzada afirmó haber recibido solicitudes de familias afectadas por instituciones educativas que presuntamente operan sin los permisos o reconocimientos correspondientes. La diputada habló de entre 12 y 18 planteles, pero durante la sesión no presentó una relación de establecimientos, expedientes administrativos o resoluciones de las autoridades educativas que permitan verificar esa cifra.
Sinuhé Piedragil informó que trabaja en otra iniciativa para atender posibles fraudes cometidos por instituciones privadas de educación media superior y superior que desaparecen o dejan al alumnado sin posibilidad de certificar sus estudios.
Este asunto es distinto de la reforma al artículo 59 y exige precisión jurídica. En educación superior, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se otorga para cada programa académico, no necesariamente para toda la institución. La SEP señala que un particular puede impartir un programa sin RVOE, pero debe informar de manera expresa que esos estudios carecen de validez oficial; presentarlos como reconocidos sin estarlo puede generar sanciones. La información puede verificarse en el Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
La Secretaría de Educación de Querétaro también dispone de un directorio de instituciones y programas con RVOE. La revisión debe hacerse por programa, domicilio, modalidad y autoridad que concedió el reconocimiento, pues una misma institución puede tener carreras incorporadas y otras sin validez oficial.
Antes de legislar sobre posibles fraudes educativos, el Congreso deberá distinguir entre la impartición legal de estudios sin reconocimiento —siempre que se informe claramente— y el engaño deliberado a estudiantes y familias. También tendrá que establecer mecanismos para proteger los pagos realizados y facilitar la continuidad académica de quienes resulten afectados.
El reto será convertir obligaciones en acompañamiento
La reforma aprobada en comisión plantea fortalecer la relación entre familias, escuelas y comunidad. Su utilidad dependerá de que no convierta la corresponsabilidad en una fórmula para trasladar a los hogares las deficiencias institucionales del sistema educativo.
El siguiente paso será conocer el texto íntegro del dictamen y su eventual discusión en el pleno. Hasta entonces podrá determinarse si la modificación introduce herramientas concretas para mejorar el acompañamiento escolar o si únicamente amplía obligaciones que, en buena medida, ya existen en la legislación queretana.