“Escuelas Seguras, Docentes Protegidos” plantea crear una defensoría jurídica y psicológica, sistemas de alerta y protocolos diferenciados para cada plantel. Enrique Correa reconoció que no dispone de estadísticas sobre agresiones contra maestros y que en Querétaro no existe evidencia de violencia generalizada hacia el gremio.
Santiago de Querétaro, Qro., 4 de Noviembre del 2026.— El Grupo Legislativo del PAN presentó una iniciativa para reforzar la seguridad en las escuelas de Querétaro y ofrecer protección legal y psicológica a docentes que enfrenten amenazas, agresiones o denuncias relacionadas con su trabajo.
La propuesta, denominada “Escuelas Seguras, Docentes Protegidos”, busca expedir una Ley de Protección y Seguridad de la Comunidad Educativa del Estado. Su promotor, el diputado Enrique Correa Sada, argumentó que el personal educativo necesita respaldo institucional para desempeñar sus funciones sin temor.
El proyecto contempla una Unidad de Defensoría y Atención Integral, protocolos de emergencia, sistemas de comunicación inmediata y coordinación entre autoridades educativas, municipales, policiales, sanitarias y de protección civil.
La iniciativa abre, sin embargo, una discusión particularmente delicada: cómo proteger los derechos laborales y la presunción de inocencia de un docente denunciado sin debilitar la respuesta inmediata cuando una niña, niño o adolescente podría encontrarse en riesgo.
Una defensoría gratuita para maestras y maestros
La principal propuesta es crear una instancia que proporcione asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento gratuito al personal educativo.
De acuerdo con Correa, actualmente existen profesores que deben contratar por su cuenta a un abogado cuando son denunciados o enfrentan algún conflicto derivado de su actividad profesional.
La defensoría atendería también amenazas y agresiones cometidas por estudiantes, familiares u otras personas vinculadas con la comunidad escolar.
El diputado sostuvo que una denuncia no debería traducirse automáticamente en la suspensión de derechos laborales antes de que las pruebas sean analizadas. En casos sensibles, como una acusación por abuso o acoso, reconoció que el docente podría ser separado temporalmente de su actividad en el plantel para proteger a las partes.
La diferencia propuesta consiste en que esa separación preventiva no funcione como una sanción anticipada ni implique presumir culpabilidad.
Protección a la infancia y presunción de inocencia
Durante la presentación, Correa afirmó que la protección de las personas menores de edad debe ser la prioridad ante cualquier señalamiento.
Al mismo tiempo, consideró necesario modificar los protocolos para evitar que el personal educativo sea castigado administrativamente antes de que exista una valoración de las pruebas o una investigación formal.
Este será uno de los puntos de mayor controversia durante el análisis legislativo. Una mala redacción podría dejar desprotegidas a posibles víctimas o, en el extremo contrario, provocar que una acusación sin sustento destruya la trayectoria profesional de una persona antes de que pueda defenderse.
El Congreso deberá precisar quién ordenaría las medidas preventivas, cuánto durarían, bajo qué criterios se revisarían y qué mecanismos impedirían el contacto entre una posible víctima y la persona señalada.
La futura discusión requiere escuchar no solo a docentes y sindicatos, sino también a especialistas en derechos de la infancia, procuración de justicia, atención a víctimas y debido proceso.
Alertas mediante teléfonos y posible videovigilancia
La iniciativa propone crear sistemas de comunicación inmediata para que las escuelas puedan solicitar apoyo de corporaciones policiales, Protección Civil y servicios médicos.
Correa planteó aprovechar los teléfonos inteligentes del personal docente para operar una aplicación de alerta en tiempo real, con el argumento de que gran parte de la infraestructura tecnológica ya se encuentra disponible.
El funcionamiento todavía no está definido. Quedan por resolver la conectividad en comunidades rurales, la protección de datos, la capacitación, los responsables de monitorear las alertas y los protocolos para evitar falsas activaciones.
Al ser cuestionado sobre la instalación de cámaras, el legislador consideró que en el futuro podrían colocarse equipos de videovigilancia dentro y fuera de las aulas conforme exista disponibilidad presupuestal.
La medida implicaría otro debate: quién podría observar o almacenar imágenes de menores de edad, durante cuánto tiempo y bajo qué autorización. La seguridad escolar no puede construirse a costa de la privacidad sin reglas estrictas.
Una ley sin diagnóstico estadístico completo
El PAN presentó la propuesta como respuesta a un aumento de la violencia en espacios educativos. No obstante, Enrique Correa reconoció que no cuenta con el número de quejas o denuncias contra docentes y que esos datos tendrían que solicitarse a las autoridades educativas.
También afirmó que en Querétaro no existen indicios de una violencia generalizada ni de ataques sistemáticos contra el magisterio.
La admisión no invalida la necesidad de prevenir, pero sí obliga a construir un diagnóstico antes de legislar. Sin estadísticas resulta difícil dimensionar la problemática, identificar a los principales agresores o calcular el personal y presupuesto que necesitaría la nueva defensoría.
El legislador aseguró que el impacto económico sería bajo, aunque no presentó una estimación, número de plazas, costo de la plataforma tecnológica o recursos requeridos para la atención psicológica.
Protocolos diferentes para cada plantel
Otro componente consiste en elaborar diagnósticos y planes de seguridad adaptados a las condiciones de cada escuela.
Correa señaló que los riesgos de un plantel urbano no son necesariamente iguales a los de una comunidad de la Sierra Gorda. Por ello, la propuesta busca que autoridades educativas, municipales, sanitarias y de seguridad revisen las vulnerabilidades de cada institución.
El proyecto también contempla capacitación permanente y agravantes para los delitos cometidos contra docentes, bajo la consideración de que una agresión contra un maestro afecta al conjunto de la comunidad.
El legislador aseguró que la iniciativa no modificaría contratos colectivos y, por tanto, no necesitaría una validación formal de los sindicatos. Reconoció, sin embargo, que existe una obligación política y social de escucharlos antes de aprobarla.
El Congreso deberá equilibrar derechos
“Escuelas Seguras, Docentes Protegidos” coloca sobre la mesa un problema real: el personal educativo necesita respaldo para ejercer autoridad, atender conflictos y reaccionar ante situaciones de riesgo.
Pero la protección no puede diseñarse desde un solo lado del aula.
La ley deberá garantizar simultáneamente los derechos de estudiantes, docentes, familias y trabajadores administrativos. También necesitará datos, presupuesto, responsabilidades claramente distribuidas y protocolos que no conviertan una medida preventiva en impunidad ni una denuncia en condena anticipada.
La propuesta ya abrió la discusión. Ahora corresponde al Congreso demostrar que puede convertir el temor, las experiencias aisladas y las demandas del magisterio en una legislación sustentada, aplicable y respetuosa de toda la comunidad educativa.