El partido anunció una reforma en el Congreso local para llevar el protocolo a la ley y dijo que presentará su propia declaración
Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 31 de agosto de 2026.— Movimiento Ciudadano respaldó la propuesta del gobernador Mauricio Kuri González de aplicar un protocolo «6 de 6» a quienes aspiren a una candidatura, pero planteó ampliarla en dos direcciones: que alcance también a quienes ya ejercen el poder, y que deje de ser un acuerdo voluntario entre partidos para convertirse en obligación legal.
El planteamiento lo hicieron la diputada federal Laura Ballesteros, coordinadora estatal, y Armando Rivera, coordinador municipal, en un video difundido por el partido.
«Con la Bancada Naranja presentaremos una reforma en el Congreso Estatal esta misma semana», anunció Ballesteros.
Los seis elementos
La declaración que propone Movimiento Ciudadano contempla:
- Declaración fiscal
- Declaración patrimonial
- Declaración de conflicto de intereses
- Constancia de no ser deudor alimentario
- Examen toxicológico
- Evaluación de polígrafo
Es, en lo esencial, el mismo paquete que planteó el Ejecutivo estatal. La diferencia está en a quién se aplica y con qué carácter.
Qué propuso el gobernador y qué agrega Movimiento Ciudadano
El 23 de agosto, Kuri González convocó a los ocho partidos con registro en Querétaro a adoptar un «protocolo único antinarcocandidatos» como requisito previo al registro de cualquier candidatura. Su propuesta incluye declaración patrimonial detallada —con propiedades, cuentas en el extranjero, inversiones y hasta criptomonedas—, revisión independiente del Colegio de Contadores, pruebas de detección de adicciones y control de confianza con polígrafo aplicado por un organismo con acreditación internacional.
«Vamos, sociedad, partidos y gobierno, a poner un muro para que ningún delincuente pueda postularse para un cargo de elección popular», expresó el mandatario, quien sostuvo que los funcionarios de su administración ya cumplen públicamente con esos estándares.
Movimiento Ciudadano coincidió con la medida, pero la calificó de insuficiente. Armando Rivera planteó extenderla al gobernador y su gabinete, así como a presidentes municipales y sus equipos de trabajo.
«Si no hay nada que esconder, a qué le temen», señaló. «El problema no termina en las candidaturas, pues quienes gobiernan también deben estar sujetos a los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas.»
El antecedente: qué existe ya en Querétaro
El planteamiento se inserta en una acumulación de filtros que conviene ordenar, porque el debate público suele confundirlos.
3 de 3. Aplicada por el Instituto Electoral del Estado, agrupa las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
5 de 5. Presentada hace dos años por integrantes del gobierno estatal, como ejercicio voluntario.
8 de 8. Este es el dato que el boletín no menciona y que cambia el panorama: la reforma electoral aprobada por el Congreso local el 14 de julio pasado ya incorporó a la ley los requisitos conocidos como 8 de 8. Quien aspire a una candidatura en Querétaro debe declarar bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ejecución de sentencia por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres, ni haber sido declarado deudor alimentario moroso.
Es decir: Querétaro ya cuenta con un filtro legal vigente para candidaturas, enfocado en violencia de género y obligaciones alimentarias. Lo que ahora se discute es un filtro distinto, orientado a patrimonio, adicciones y control de confianza, y dirigido a un riesgo distinto: la infiltración del crimen organizado.
El punto técnico que conviene tener a la vista
De los seis elementos propuestos, cinco son documentos verificables ante autoridades: declaraciones ante el SAT, registros patrimoniales, constancias del registro de deudores alimentarios, resultados de laboratorio.
El sexto es de naturaleza distinta. El polígrafo no es una prueba admisible en el sistema de justicia mexicano y su validez científica es objeto de debate en la comunidad especializada: mide respuestas fisiológicas —ritmo cardiaco, sudoración, presión— que pueden alterarse por nerviosismo o entrenamiento, no la veracidad de una afirmación. En México se aplica en evaluaciones de control de confianza para elementos de seguridad, pero como herramienta administrativa, no probatoria.
Señalarlo no invalida la propuesta: un filtro voluntario puede incluir instrumentos que un juicio no admitiría. Pero sí conviene que el lector sepa qué acredita cada elemento del paquete y qué no. La declaración patrimonial deja rastro documental verificable; el polígrafo, no.
El caso que MC invocó
Ballesteros sustentó la urgencia de la propuesta en el caso de Rubén Rocha Moya: «El caso del morenista Rocha Moya, que ha cimbrado al país, expone que el crimen ya está sentado en las sillas de gobierno, y se le debe cerrar el paso.»
Es indispensable precisar el estatus de ese asunto. Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara —junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios— por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Ha rechazado categóricamente las acusaciones, no ha sido imputado formalmente en México, no ha sido detenido y no existe sentencia en su contra. La propia FGR determinó que no había elementos suficientes para una detención con fines de extradición. La investigación continúa abierta.
La caracterización de que «el crimen ya está sentado en las sillas de gobierno» corresponde a la valoración política del partido, no a un hecho acreditado.
El argumento sobre las consecuencias
Movimiento Ciudadano vinculó la eventual presencia de perfiles con nexos criminales en cargos públicos con problemáticas concretas en las comunidades: feminicidios, desapariciones y reclutamiento de jóvenes. «Son detonadores directos de violencia y dolor», señalaron.
Quién ha respondido hasta ahora
El PAN estatal, mediante su dirigente Martín Arango García, informó que someterá a su Consejo Estatal la adopción del protocolo 6 de 6 para el 100% de sus candidaturas, e invitó al resto de los partidos a transparentar sus perfiles.
Movimiento Ciudadano anunció que presentará su propia declaración: «La política se hace, no se declara. En Movimiento Ciudadano pondremos el ejemplo: presentaremos nuestra declaración 6 de 6, sin excusas y sin regateos», expresó Ballesteros.
Lo que sigue
La reforma anunciada por la Bancada Naranja debe presentarse ante el Congreso del Estado, turnarse a comisiones y dictaminarse. Su aprobación requeriría mayoría en un Congreso donde ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta.
Quedan por definirse tres puntos que determinarán su alcance: qué autoridad verificaría los seis elementos, qué consecuencia jurídica tendría no presentarlos, y si un filtro aplicado a servidores públicos en funciones —no a aspirantes— requiere reformas adicionales en materia de responsabilidades administrativas.