La administración de Josué Guerrero restringió el acceso a contratos, facturas y reportes de Gabinete 369, empresa vinculada a militantes del PAN. Entre los participantes de un viaje a Jalisco con uno de sus socios aparece Ricardo Domínguez Moreno, regidor que llegó al Ayuntamiento por Querétaro Seguro.
Corregidora, Querétaro, 6 de noviembre de 2026.— El gobierno municipal de Corregidora, encabezado por el panista Josué David Guerrero Trápala, enfrenta cuestionamientos por contratos que suman 8 millones 506 mil 712.65 pesos adjudicados a Gabinete 369, empresa constituida por personas con antecedentes políticos en Acción Nacional.
El caso adquirió una nueva dimensión después de que se difundieran fotografías de funcionarios municipales durante unas vacaciones en Playa Majahuitas, Jalisco, junto con Arturo Rodríguez Rivera, socio de la compañía beneficiada con las contrataciones.
La investigación fue publicada originalmente por Libertad de Palabra, que documentó tanto los contratos como la posterior clasificación de información relacionada con la empresa. Los hallazgos también fueron retomados por Proceso.
La controversia plantea una pregunta central: ¿por qué un gobierno que asegura promover la transparencia restringe el acceso a documentos relacionados con millones de pesos de recursos públicos?
Contratos millonarios y reportes de 200 mil pesos
Gabinete 369, S.A. de C.V., fue constituida el 5 de octubre de 2023 en Naucalpan, Estado de México, por Arturo Rodríguez Rivera y Gustavo Suárez Suárez, ambos con antecedentes de participación política en el PAN.
Las investigaciones periodísticas identificaron cuatro contratos con el gobierno de Corregidora:
- SAY/DJ/321/2025: 4 millones 500 mil pesos por análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública.
- SAY/DJ/116/2026: 3 millones de pesos por servicios de la misma naturaleza.
- SAY/DJ/003/2026: 782 mil pesos por consultoría administrativa.
- SAY/DJ/130/2026: 224 mil 712.65 pesos por servicios relacionados con consultoría.
Uno de los gastos documentados corresponde a una factura de un millón de pesos, emitida el 13 de marzo de 2026, por cinco reportes de análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública elaborados durante una semana.
El costo promedio fue de 200 mil pesos por reporte.
Sin acceso al contenido de esos estudios, resulta imposible evaluar de manera independiente su metodología, alcance, utilidad y correspondencia con los montos pagados.
La contratación de servicios especializados no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, cuando se utilizan recursos públicos, resulta necesario conocer qué se contrató, qué se entregó y cómo se justificó el gasto.
Vacaciones con el proveedor: funcionarios y un regidor en las fotografías
Las imágenes difundidas originalmente en Instagram por Sandra Ortiz Olalde, pareja del jefe de Gabinete municipal, muestran a Arturo Rodríguez Rivera durante un viaje a Playa Majahuitas, cerca de Puerto Vallarta.
Entre los participantes identificados por las investigaciones periodísticas aparecen Carlos Antonio Contreras López, jefe de Gabinete de Corregidora; Francisco Castro Alegría, director del DIF municipal, y Ricardo Domínguez Moreno, regidor del Ayuntamiento.
La presencia de Contreras López resulta particularmente relevante porque su oficina promovió una de las contrataciones de Gabinete 369.
Mediante el oficio JG/05/2026, fechado el 2 de enero de 2026, solicitó servicios de consultoría administrativa por 782 mil pesos antes de impuestos.
Hasta ahora no se ha establecido públicamente quién pagó las vacaciones, si los funcionarios cubrieron sus propios gastos o si existió algún beneficio económico proporcionado por el empresario.
La convivencia no demuestra por sí misma un delito ni una falta administrativa. No obstante, plantea la necesidad de esclarecer si existían relaciones personales o intereses que debieron declararse durante los procedimientos de contratación.
Ricardo Domínguez Moreno: de Querétaro Seguro al Ayuntamiento
Entre los participantes del viaje destaca Ricardo Domínguez Moreno, cuya trayectoria electoral permite identificar vínculos políticos más allá del PAN.
En las elecciones de 2024, Domínguez Moreno fue registrado como candidato a regidor de representación proporcional por el partido Querétaro Seguro, dentro de la planilla encabezada por María Gabriela Moreno Mayorga, conocida políticamente como Gaby Moreno (madre).
Moreno Mayorga había participado en el Partido del Trabajo, buscó incorporarse a MORENA y posteriormente se incorporó a Querétaro Seguro, organización política encabezada por Concepción «Connie» Herrera Martínez, para competir por la presidencia municipal de Corregidora.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro documentó la participación de ambos en la misma fórmula electoral.
Este antecedente permite observar que la convivencia registrada en Jalisco no involucró únicamente a funcionarios vinculados al partido gobernante, sino también a un representante popular procedente de otra fuerza política.
Su presencia plantea preguntas sobre la relación del regidor con los funcionarios municipales y con el proveedor, así como sobre su conocimiento de las contrataciones y de la decisión de reservar los documentos.
Transparencia: ¿puede reservarse información sobre contratos públicos?
El gobierno de Corregidora justificó la reserva de contratos, facturas y reportes bajo el argumento de que existe una investigación relacionada con las contrataciones y de que su divulgación podría afectar el debido proceso.
Según la investigación de Libertad de Palabra, la clasificación fue aprobada por el Comité de Transparencia municipal en sesiones del 7 y 14 de octubre de 2026.
Sin embargo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la reserva debe ser excepcional y estar debidamente fundada y motivada.
Su artículo 106 exige justificar la clasificación, aplicar una prueba de daño y señalar el plazo durante el cual permanecerá reservada la información.
Además, el artículo 120 contempla la elaboración de versiones públicas cuando un documento contiene información que legalmente debe protegerse.
Esto significa que la existencia de una investigación no elimina automáticamente las obligaciones de transparencia. La autoridad debe explicar por qué divulgar información específica afectaría el procedimiento y por qué esa restricción resulta proporcional.
De acuerdo con los reportajes consultados, la respuesta municipal no precisó públicamente el periodo de reserva y tampoco estaban disponibles las actas de las sesiones en las que se aprobó la clasificación.
Para evaluar la legalidad de esa decisión es indispensable conocer las resoluciones completas del Comité de Transparencia y las pruebas de daño correspondientes.
Una jubilación y otras contrataciones bajo escrutinio
La investigación también identificó la intervención de Juan Antonio Escárcega Ramírez, exdirector de Comunicación Social de Corregidora.
El 4 de marzo de 2026 solicitó la elaboración de un contrato por tres millones de pesos a favor de Gabinete 369.
Veintidós días después, el 26 de marzo, el Ayuntamiento autorizó su pensión por vejez, por un monto mensual de 30 mil 201.50 pesos.
La proximidad temporal entre ambos acontecimientos requiere una explicación administrativa, pero no constituye evidencia de que la jubilación haya sido consecuencia de la contratación.
Por otra parte, Gabinete 369 también aparece registrada como proveedora del DIF municipal de Corregidora, cuyo patronato preside Gabriela Eloísa Trápala Martínez, madre del alcalde.
El registro como proveedor no acredita por sí mismo la existencia de compras adicionales.
El discurso de transparencia frente a la reserva documental
El caso contrasta con declaraciones públicas de Josué Guerrero sobre la importancia de transparentar el ejercicio de los recursos municipales.
El 26 de octubre, un día después de la publicación del reportaje sobre las vacaciones, el alcalde difundió una fotografía con integrantes de su administración, a quienes describió como un equipo unido.
En la imagen aparecía Carlos Antonio Contreras López, uno de los funcionarios señalados como participantes del viaje.
La publicación no respondió directamente a los cuestionamientos sobre Gabinete 369.
De acuerdo con las investigaciones consultadas, se solicitaron entrevistas al presidente municipal, al jefe de Gabinete y a la responsable de Comunicación Social, sin que se concretaran hasta el cierre de aquellos reportajes.
Las preguntas que Corregidora todavía debe responder
El asunto central no es únicamente la relación social entre funcionarios y empresarios, sino la posibilidad de comprobar que las contrataciones se realizaron conforme a la ley y que los servicios efectivamente fueron entregados.
Por ello, permanecen pendientes varias respuestas:
- ¿Qué resultados concretos produjeron los estudios contratados por más de 8.5 millones de pesos?
- ¿Qué procedimiento se utilizó para seleccionar a Gabinete 369 y qué otras empresas participaron?
- ¿Cuál es el número de expediente, la autoridad investigadora y el alcance de la investigación anunciada?
- ¿Qué prueba de daño y qué plazo justifican la reserva de contratos, facturas y entregables?
- ¿Quién pagó el viaje a Majahuitas y existió algún beneficio proporcionado por el proveedor?
- ¿Qué relación mantienen los funcionarios y el regidor Ricardo Domínguez Moreno con los socios de Gabinete 369?
Hasta el 6 de noviembre de 2026, la documentación periodística consultada no permite afirmar que exista una resolución administrativa o judicial que determine responsabilidades por estos hechos.
La transparencia no consiste únicamente en informar cuánto dinero se gastó, sino en permitir comprobar cómo, por qué y para qué se utilizó.
Mientras los documentos permanezcan restringidos, seguirá pendiente una explicación pública sobre el destino y los resultados de los recursos contratados por el gobierno de Corregidora.
Información elaborada por LYPmultimedios a partir de investigaciones originales de Libertad de Palabra, publicaciones de Proceso, registros electorales del IEEQ y legislación vigente en materia de transparencia.
