Durante un foro encabezado por Laura Ballesteros, Patricia Mercado y Alejandra Barrales, el partido pidió garantizar condiciones seguras para la participación femenina. El encuentro, sin embargo, no anunció protocolos, metas ni acciones nuevas para atender posibles casos.
Querétaro, Qro., 19 de octubre de 2026.— Liderazgos nacionales y estatales de Movimiento Ciudadano hicieron un llamado a combatir la violencia política contra las mujeres y evitar que la discriminación, las amenazas, los estereotipos o las estructuras partidistas limiten su participación en los espacios de decisión.
El posicionamiento se realizó durante un foro sobre liderazgo y prevención de la violencia política contra las mujeres, celebrado en el Club de Industriales de Querétaro.
La rueda de prensa estuvo encabezada por la diputada federal y coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla; la diputada federal Patricia Mercado Castro; la senadora Alejandra Barrales Magdaleno; Julieta Macías Rábago, integrante de la Comisión Operativa Nacional del partido, y Armando Rivera Castillejos, coordinador municipal en la capital queretana.
Las participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción para garantizar que las mujeres puedan competir electoralmente, ejercer cargos públicos y participar en las decisiones partidistas sin intimidaciones ni obstáculos basados en su género.
De reconocer derechos a garantizar su ejercicio
Uno de los planteamientos centrales fue la necesidad de pasar del reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres a su cumplimiento efectivo.
La paridad en las candidaturas y el aumento de mujeres en cargos públicos no significan, por sí solos, que hayan desaparecido los mecanismos utilizados para excluirlas. La violencia puede manifestarse mediante presiones para renunciar, ocultamiento de información, reducción injustificada de funciones, campañas basadas en estereotipos, ataques contra su vida privada o restricciones en el ejercicio del presupuesto y del cargo.
La legislación define la violencia política contra las mujeres en razón de género como las acciones u omisiones que, por motivos de género, buscan limitar, anular o afectar sus derechos políticos y electorales, incluido el ejercicio de un cargo público.
También puede adoptar formas físicas, psicológicas, simbólicas, sexuales, patrimoniales o económicas. No toda confrontación política constituye violencia de género: debe acreditarse que la conducta se dirige contra una mujer por ser mujer, produce un impacto diferenciado o la afecta de manera desproporcionada.
Querétaro registró 20 denuncias durante el proceso anterior
El problema no es únicamente teórico. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro reportó que durante el proceso electoral 2023-2024 recibió 20 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Entre las medidas cautelares adoptadas estuvieron el retiro temporal o definitivo de videos, fotografías y publicaciones, así como órdenes para que las personas denunciadas se abstuvieran de difundir mensajes sustentados en estereotipos.
El organismo electoral también ha dado vista a la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía General del Estado, órganos internos de control e instancias partidistas, dependiendo de las características de cada caso.
Movimiento Ciudadano sostuvo que la prevención debe extenderse a las estructuras nacionales, estatales y municipales de todos los partidos. Esto implica que las organizaciones políticas no solamente condenen públicamente la violencia, sino que dispongan de canales confidenciales, accesibles y eficaces para recibir quejas y proteger a las denunciantes.
Un pronunciamiento todavía sin compromisos medibles
El boletín de Movimiento Ciudadano plantea principios amplios sobre igualdad, justicia y acompañamiento, pero no informa la adopción de un nuevo protocolo interno, plazos para resolver denuncias, mecanismos de protección, presupuesto, capacitación obligatoria o sanciones partidistas.
Tampoco señala cuántos casos ha recibido el partido en Querétaro, cuántos fueron investigados, cuántos derivaron en sanciones o si existe acompañamiento jurídico y psicológico para militantes, candidatas y servidoras públicas.
La diferencia entre un foro y una política efectiva se encuentra precisamente en esos mecanismos.
Si los partidos pretenden encabezar la defensa de las mujeres, deben comenzar por transparentar cómo procesan las denuncias dentro de sus propias estructuras, quién investiga, cómo se evita la revictimización y qué consecuencias enfrentan dirigentes, militantes o representantes que incurren en esas conductas.
¿Dónde puede denunciarse?
Las mujeres que consideren vulnerados sus derechos político-electorales pueden acudir al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que cuenta con un protocolo de atención de primer contacto, identificación de riesgos y canalización hacia autoridades competentes.
El IEEQ dispone además de la Red de Mujeres Electas y de herramientas para orientar sobre la presentación de quejas, medidas de protección y procedimientos sancionadores.
Dependiendo de la conducta, también pueden intervenir el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, las fiscalías, los órganos internos de control o las instancias de justicia partidista.
La legislación y los lineamientos del IEEQ obligan a los partidos a facilitar la presentación de quejas, incluso mediante herramientas tecnológicas, y a conservar la confidencialidad de la información para proteger a las víctimas.
Participación de liderazgos estatales
Al encuentro asistieron también el presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada; el alcalde de Amealco de Bonfil, Óscar Pérez Martínez; la diputada local Teresita Calzada Rovirosa y el legislador Paul Ospital Carrera.
Participaron además representantes populares, liderazgos municipales e integrantes de la estructura estatal de Movimiento Ciudadano.
La presencia de dirigentes nacionales y autoridades locales dio visibilidad al problema. El siguiente paso será transformar el pronunciamiento en reglas internas verificables y acciones públicas.
La violencia política no termina cuando una mujer obtiene una candidatura o gana una elección. También puede aparecer cuando intenta ejercer el cargo, acceder a información, tomar decisiones, administrar recursos o cuestionar a los liderazgos de su propio partido.
Por eso, el compromiso no puede limitarse a “alzar la voz”. Debe medirse en denuncias atendidas, medidas de protección, resoluciones, sanciones y garantías de no repetición.
