Por: Rodrigo Vissuet | LYPmultimedios
Una planta tratadora que fue presentada en 2023 como una solución sustentable para el manejo de aguas residuales en La Trinidad, Tequisquiapan, sigue sin entrar en operación tres años después. Mientras tanto, habitantes de la comunidad denuncian descargas de aguas negras a cielo abierto y afectaciones en parcelas agrícolas.
El problema llegó ahora al Congreso de Querétaro, pero también deja una pregunta que va más allá del exhorto presentado por la diputada Tere Calzada Rovirosa: ¿cómo una obra destinada a resolver un problema sanitario terminó convertida, tres años después, en otro problema que las autoridades todavía tienen que explicar?
La coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para exigir la intervención coordinada del Ayuntamiento de Tequisquiapan, la Secretaría de Salud, la autoridad ambiental estatal, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
De acuerdo con las denuncias retomadas en la iniciativa, las aguas residuales estarían corriendo a cielo abierto y afectando al menos 10 parcelas donde se cultivan maíz, frijol, trigo, tomate y chile.
El señalamiento sobre el riesgo sanitario todavía requiere una evaluación técnica oficial. Precisamente por eso, uno de los puntos del exhorto solicita a la Secretaría de Salud realizar una valoración de las condiciones existentes en las colindancias y entregar sus resultados a la Legislatura.
La planta que iba a ser ejemplo de sustentabilidad
El proyecto no nació como una obra convencional.
En 2023, el entonces gobierno municipal de Antonio Mejía Lira presentó en La Trinidad una planta de tratamiento tipo humedal, diseñada para utilizar procesos naturales como la gravedad, filtros y vegetación para reducir el consumo de energía.
El proyecto contemplaba una capacidad inicial de tratamiento de 3.6 litros por segundo y una capacidad máxima de 4.75 litros por segundo, con una proyección para atender a más de 3 mil 600 habitantes. También se planteó que el agua tratada pudiera reutilizarse para riego.
En aquel momento, la obra fue presentada como una alternativa innovadora y sustentable para resolver una demanda que, según las autoridades de entonces, los habitantes de La Trinidad habían planteado durante años.
Tres años después, la promesa sigue sin convertirse en servicio operativo.
No está simplemente detenida: también quedó incompleta
Aquí aparece uno de los puntos que el discurso político no puede esquivar.
En mayo de 2026, el actual presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Iván Magaña Rentería, reconoció que la planta permanecía bajo observaciones y que todavía faltaba aproximadamente 30% de la obra para ponerla en funcionamiento.
El alcalde estimó entonces que se requerían entre 4 y 5 millones de pesos para concluir los trabajos y explicó que el municipio había presentado el proyecto ante CONAGUA para buscar recursos.
Es decir, el problema no es únicamente que una planta construida en 2023 haya permanecido apagada.
El propio gobierno municipal ha señalado que la infraestructura ni siquiera está completamente terminada.
Y ahí aparece una pregunta elemental de rendición de cuentas: ¿cuánto dinero público se destinó originalmente a una obra que, tres años después, todavía necesita recursos adicionales para funcionar?
Una obra construida sin certeza jurídica
El expediente se vuelve todavía más delicado por otra explicación proporcionada por el propio alcalde.
Magaña Rentería señaló en mayo que el predio donde se construyó la infraestructura no contaba inicialmente con un título de propiedad a favor del municipio. Según su declaración, esa situación formaba parte de las observaciones relacionadas con la obra y se estaban realizando trámites para regularizar la situación jurídica del terreno.
También señaló que la obra estaba bajo observación de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y de instancias federales, debido a que contó con recursos públicos de ambos ámbitos.
La precisión es importante: las observaciones y posibles irregularidades señaladas por el gobierno municipal no equivalen, por sí mismas, a una responsabilidad administrativa o penal ya determinada.
Pero sí plantean un problema de fondo.
Si la certeza jurídica del terreno era indispensable para invertir recursos públicos, ¿por qué se construyó infraestructura antes de resolverla?
Esa es una de las preguntas que las autoridades competentes deberían responder con documentos y no únicamente con declaraciones.
Diez parcelas en medio del conflicto
Mientras el expediente administrativo sigue su curso, el problema ocurre sobre el territorio.
Las denuncias de habitantes señalan afectaciones en al menos 10 parcelas agrícolas. La zona produce maíz, frijol, trigo, tomate y chile, por lo que cualquier eventual contaminación de suelo o agua utilizada para actividades agrícolas requiere una evaluación técnica que determine su alcance.
No basta con afirmar que existe contaminación.
Pero tampoco basta con decir que se trata de una obra observada.
La respuesta debería comenzar por saber qué está ocurriendo exactamente con las aguas residuales, hacia dónde están fluyendo, qué contienen y qué impacto están teniendo sobre el suelo, los cultivos y la población.
Por eso el exhorto pide inspecciones ambientales y una evaluación sanitaria.
La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano tendría que verificar las condiciones del sitio y, si encuentra incumplimientos, determinar las medidas de control o sanciones que correspondan.
La CEA, por su parte, deberá informar sobre el estado jurídico y operativo de la infraestructura, mientras que CONAGUA deberá precisar qué proyectos ha presentado el municipio para conseguir su rehabilitación.
La solución no puede ser otro expediente
El artículo 4º constitucional reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento del agua en condiciones suficientes y salubres, además del derecho a un medio ambiente sano.
Y el artículo 115 establece que los municipios tienen a su cargo servicios como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Por eso, en La Trinidad el debate no debería reducirse a qué administración dejó la obra inconclusa.
Una administración puede heredar una obra problemática; lo que no puede heredar indefinidamente es la falta de solución.
El actual gobierno municipal ya reconoció que la infraestructura requiere trabajos adicionales, recursos y resolver observaciones. La diputada ahora exige que distintas autoridades entren al expediente.
Lo que sigue debería ser mucho más concreto: diagnóstico técnico, responsables institucionales, costos, calendario, recursos disponibles y fecha verificable de puesta en operación.
Porque mientras las autoridades se turnan el expediente entre municipio, estado y Federación, las aguas residuales no esperan.
Tres años después de aquella promesa de una planta sustentable, La Trinidad sigue esperando algo mucho más básico: que funcione.