La iniciativa plantea modificar la Constitución estatal para recuperar la denominación que tuvo el máximo órgano judicial queretano desde 1826; el Poder Judicial sostiene que el cambio tiene un sentido federalista y no meramente ornamental.
Por: Rodrigo Vissuet | LYPmultimedios
A 200 años de la instalación del Poder Judicial de Querétaro, el Congreso del Estado comenzó el análisis de una iniciativa que busca devolverle a su máximo órgano de impartición de justicia la denominación con la que nació en 1826: Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro.
La propuesta fue presentada ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura, presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero, y plantea reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro para modificar la denominación del máximo órgano judicial de la entidad.
El trámite apenas comienza. La comisión determinó remitir la iniciativa a los 18 Ayuntamientos de Querétaro, con el propósito de que conozcan formalmente su contenido y designen, en su momento, al enlace institucional que dará seguimiento al procedimiento de reforma constitucional.
Es decir, no se trata todavía de un cambio consumado, sino del inicio del proceso legislativo correspondiente.
Una reforma con carga histórica
El argumento central de la iniciativa no está planteado como una simple actualización administrativa.
Durante la sesión, el presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, sostuvo que recuperar el nombre original tiene un significado relacionado con la historia del federalismo mexicano y con la autonomía de las entidades federativas.
De acuerdo con la exposición presentada durante la reunión, el órgano judicial queretano fue instalado el 3 de junio de 1826 bajo la denominación de Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
La denominación habría cambiado posteriormente, durante el periodo de centralización política del siglo XIX, cuando los órganos judiciales de las entidades fueron denominados Tribunales Superiores de Justicia.
Guerra Urbiola vinculó ese episodio con las transformaciones políticas impulsadas durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, cuando, según explicó, se desplazaron instituciones propias de los estados y se fortaleció el control político desde el centro.
Desde esa perspectiva, recuperar la palabra “Supremo” representa para el Poder Judicial queretano una forma de reivindicar el origen federalista de la institución y la condición de Querétaro como estado libre y soberano.
“Regresar a la denominación original” fue presentado por el presidente del Poder Judicial como una forma de recuperar el sentido con el que la institución fue concebida, particularmente en el marco del bicentenario.
¿Qué cambiaría y qué no?
Aquí se encuentra uno de los puntos que deberán observarse durante el proceso legislativo.
La propuesta presentada corresponde, según el boletín legislativo, a una modificación de denominación dentro de la Constitución local.
Por sí misma, la iniciativa no plantea en el documento difundido una modificación de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial, ni anuncia cambios en la integración del Tribunal, sus competencias o sus procedimientos.
Por ello, el debate público sobre la reforma no debería reducirse a si el nuevo nombre “suena” más histórico o solemne.
La discusión de fondo será determinar qué significado constitucional quiere darle Querétaro a esa denominación y si la recuperación del término “Supremo” tendrá efectos jurídicos adicionales o será fundamentalmente una reivindicación institucional e histórica.
El propio presidente del Poder Judicial aseguró que no se trata de un cambio “de ornato” ni de un “maquillaje” institucional, sino de una modificación con un significado estructural relacionado con la teoría del Estado mexicano y el federalismo.
Esa afirmación coloca la discusión en un terreno que va más allá de la nomenclatura.
Los municipios tendrán que participar
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para remitir la iniciativa a los 18 Ayuntamientos.
La medida fue explicada por Guillermo Vega Guerrero como una actuación preparatoria dentro del procedimiento de reforma constitucional, que permitirá a los municipios conocer formalmente la propuesta y designar un enlace institucional para su seguimiento.
La participación de los Ayuntamientos será, por tanto, uno de los siguientes pasos que deberá seguir la iniciativa antes de conocer su desenlace legislativo.
El boletín cita como fundamento los artículos 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y 51, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal.
Bicentenario y memoria institucional
La discusión ocurre además en un momento simbólico para el Poder Judicial queretano.
La LXI Legislatura declaró 2026 como Año del Bicentenario del Poder Judicial, y la propuesta de recuperar la denominación histórica se presenta precisamente en ese contexto.
Para el diputado Homero Barrera McDonald, se trata de un “pequeño acto legislativo” pero de un acto de memoria histórica, al considerar que recuperar el nombre utilizado desde 1826 también significa recuperar parte de la identidad y del origen institucional de Querétaro.
La argumentación histórica expuesta durante la sesión coloca así al bicentenario como el marco político e institucional de la propuesta.
Pero el verdadero alcance de la reforma todavía tendrá que definirse en el proceso legislativo.
Porque una cosa es recuperar una denominación histórica y otra determinar qué consecuencias constitucionales, institucionales o jurídicas pretende producir esa recuperación.
Por ahora, lo que existe es una iniciativa en análisis, enviada a los 18 municipios y pendiente de continuar su recorrido legislativo.
El debate apenas comienza.
Y tendrá que responder una pregunta esencial: ¿el regreso del nombre “Supremo Tribunal de Justicia” será únicamente un acto de memoria por el origen federalista de Querétaro o también pretende reforzar, en términos jurídicos contemporáneos, la soberanía y autonomía del Poder Judicial estatal?
Esa será una de las cuestiones que deberán quedar claras antes de que la reforma llegue a su siguiente etapa.
