Sinuhé Piedragil presentó un exhorto para que los gobiernos estatal y de El Marqués adquieran el terreno; si la compraventa fracasa, propone analizar su expropiación. La solicitud no autoriza todavía la operación ni garantiza recursos para concretarla.
QUERÉTARO, QRO., 9 de noviembre de 2026.— La posible venta del Cerro del Bautisterio encendió las alertas entre habitantes de La Cañada, quienes llevaron al Congreso de Querétaro una demanda concreta: incorporar el espacio al patrimonio público antes de que un cambio de propietario o de uso comprometa uno de los principales referentes históricos, religiosos y naturales de la comunidad.
Acompañado por la regidora de El Marqués Elizabeth Luna y habitantes de la cabecera municipal, el diputado Sinuhé Piedragil Ortiz presentó un exhorto para solicitar al Poder Ejecutivo estatal y al Ayuntamiento de El Marqués que exploren la adquisición del inmueble mediante compraventa.
El planteamiento incorpora una segunda ruta: si no existe un acuerdo con la propiedad, las autoridades podrían estudiar una declaratoria de utilidad pública y, en su caso, iniciar un procedimiento de expropiación.
Sin embargo, el documento presentado ante la Oficialía de Partes no compra el cerro, no inicia automáticamente una expropiación y tampoco obliga al Gobierno estatal a destinar recursos. Un exhorto es un pronunciamiento legislativo y su alcance dependerá de que sea aprobado y atendido por las autoridades señaladas.
Tampoco se informó públicamente el precio solicitado por el inmueble, su avalúo, la identificación completa de la superficie que se pretende proteger ni el presupuesto que requeriría su adquisición. Estos datos serán indispensables antes de determinar si la compra es financiera y jurídicamente viable.
Un cerro ligado a la identidad de La Cañada
El Cerro del Bautisterio, conocido también como Cerro de la Cruz, es utilizado como punto culminante del tradicional viacrucis de Semana Santa y como espacio para ceremonias comunitarias. La propia historia difundida por el municipio de El Marqués vincula el sitio con los relatos fundacionales de Querétaro y con el encuentro entre Conín y Hernando Pérez de Bocanegra.
Su significado, por tanto, rebasa el valor comercial del terreno. Para los habitantes que respaldan su conservación, el cerro forma parte del paisaje, la memoria colectiva, las expresiones religiosas y la relación histórica de La Cañada con su territorio.
Los vecinos también atribuyen al espacio funciones de captación e infiltración de agua, conservación de biodiversidad y equilibrio ambiental para La Cañada y zonas vecinas. No obstante, durante la presentación no se dio a conocer un estudio técnico ambiental que delimite esos servicios ecosistémicos o determine el estado actual del terreno.
La elaboración de un diagnóstico independiente sería necesaria para sustentar cualquier declaratoria de protección, establecer qué superficie debe preservarse y diseñar un plan que impida que la eventual adquisición pública termine reducida a un cambio de propietario sin conservación efectiva.
De una petición municipal a la Legislatura
La defensa del cerro no comenzó con la intervención de Piedragil. Elizabeth Luna recordó que el 7 de noviembre de 2024 presentó ante el Cabildo de El Marqués una propuesta para solicitar al Ejecutivo estatal que analizara su expropiación por causa de utilidad pública.
Dos años después, la demanda llegó al Congreso local, pero aún no existe una respuesta definitiva sobre la compra, una declaratoria patrimonial o un procedimiento de protección territorial.
La regidora sostuvo que la propuesta surgió de las familias de La Cañada y no de una decisión individual. Habitantes como Fidel García, Julia Zacarías, Jesús Hernández, Ana Olvera y Victorino expusieron ante el Legislativo las razones históricas, culturales y ambientales por las que consideran urgente preservar el lugar.
Expropiar implica justificar y pagar
La expropiación no equivale a quitar una propiedad por decisión política. La Ley de Expropiación del Estado de Querétaro establece que corresponde al gobernador declarar la existencia de una causa de utilidad pública y determinar si procede afectar el dominio de un bien.
La legislación reconoce entre esas causas la conservación de sitios de belleza panorámica, antigüedades, monumentos y elementos característicos de la cultura regional. Aun así, cualquier procedimiento tendría que respetar el derecho de audiencia, acreditar la utilidad pública y cubrir la indemnización correspondiente.
Antes de llegar a esa etapa, las autoridades tendrían que conocer quién posee legalmente el inmueble, cuánto vale, qué régimen de uso de suelo tiene, si existen gravámenes y cuáles serían las restricciones necesarias para protegerlo.
Protegerlo exige algo más que comprarlo
La posible adquisición sería apenas el primer paso. Una política de conservación tendría que definir quién administrará el espacio, qué actividades estarán permitidas, cómo se garantizará el acceso comunitario y qué medidas se aplicarán contra construcciones, extracción de materiales, incendios o deterioro ambiental.
También deberá evitarse que la protección del cerro desplace a las propias expresiones comunitarias que justifican su conservación. Los habitantes de La Cañada no solo reclaman preservar una superficie: buscan mantener vivo un lugar donde convergen historia, fe, paisaje y pertenencia.
La presentación del exhorto coloca el caso en la agenda legislativa, pero la verdadera prueba estará en la respuesta del Gobierno estatal y de El Marqués. Sin avalúo, presupuesto, estudios técnicos y una figura jurídica de protección, el Cerro del Bautisterio seguirá siendo un símbolo comunitario expuesto a las decisiones del mercado inmobiliario.