La Comisión de Turismo del Congreso estatal aprobó el dictamen para incorporar esta modalidad a la Ley de Turismo de Querétaro. La propuesta reconoce la capacidad de las comunidades para gestionar proyectos, proteger su patrimonio biocultural y recibir beneficios económicos directos; todavía deberá ser votada por el Pleno.
Santiago de Querétaro, Qro., 17 de septiembre de 2026.— La Comisión de Turismo de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó el dictamen de una reforma que busca incorporar formalmente el turismo comunitario a la legislación estatal, con el objetivo de reconocer a las propias comunidades como participantes directas en la planeación, gestión y aprovechamiento económico de actividades turísticas desarrolladas en sus territorios.
La propuesta modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Querétaro y plantea que las familias y organizaciones comunitarias puedan desarrollar proyectos turísticos con mayor certeza jurídica, acompañamiento institucional y mecanismos de protección del patrimonio natural, cultural y biocultural.
La aprobación ocurrió en la Comisión de Turismo, presidida por la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza e integrada por Perla Patricia Flores Suárez y María Blanca Flor Benítez Estrada. La propia Legislatura identifica actualmente a Meza Argaluza como presidenta de esta comisión.
El dictamen deberá continuar ahora con el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una reforma vigente.
Comunidades al centro de la actividad turística
Durante la sesión, Adriana Meza sostuvo que uno de los problemas que busca atender la iniciativa es la concentración de beneficios económicos de la actividad turística fuera de las localidades donde se desarrollan las experiencias.
La legisladora señaló que el nuevo marco pretende reconocer jurídicamente la capacidad de las comunidades para gestionar sus propios proyectos turísticos, disminuir intermediaciones y favorecer que una mayor proporción de los ingresos permanezca en las familias y localidades participantes.
La reforma se estructura, según lo expuesto durante la sesión, alrededor de tres componentes: beneficio económico directo para las comunidades, certeza jurídica y sustentabilidad.
En materia legal, se incorporarían conceptos como turismo comunitario y destino turístico comunitario, con la intención de que autoridades estatales y municipales puedan diseñar programas específicos, brindar capacitación y establecer esquemas de acompañamiento para quienes desarrollen este tipo de actividades.
El proyecto también plantea relacionar la actividad turística con la conservación del patrimonio cultural, natural y biocultural de las comunidades.
El debate: definir territorios y obligaciones de la Secretaría
La aprobación del dictamen no estuvo exenta de observaciones.
La diputada María Blanca Flor Benítez Estrada planteó revisar la manera en que la Ley establece la participación de la Secretaría de Turismo en la promoción del turismo social.
Benítez propuso que la posibilidad de celebrar convenios con prestadores de servicios para ofrecer paquetes o tarifas reducidas se mantenga como una obligación institucional, y no solamente como una facultad que la dependencia pueda ejercer de manera discrecional.
También pidió precisar qué territorios podrán ser considerados dentro del esquema de turismo comunitario, para evitar interpretaciones ambiguas y facilitar el acompañamiento institucional.
La discusión es relevante porque reconocer jurídicamente una modalidad turística no determina por sí mismo cómo se aplicarán los programas, qué comunidades podrán acceder a ellos, qué recursos se asignarán o cuáles serán los mecanismos específicos de coordinación entre autoridades y prestadores.
Esos elementos serán centrales en la implementación posterior de la reforma.
Turismo comunitario ya es considerado de interés público a nivel federal
El movimiento legislativo de Querétaro ocurre en un contexto nacional más amplio.
El 23 de marzo de 2026, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declaró al Turismo Comunitario como actividad de interés público y prioridad del Estado, vinculándolo con el desarrollo regional, la preservación del patrimonio biocultural, la reducción de la pobreza y la participación directa de las comunidades en la oferta turística.
El decreto federal define esta modalidad como aquella en la que habitantes de las propias comunidades participan en la generación, gestión y promoción de actividades turísticas, incorporando elementos como identidad cultural, gastronomía tradicional, patrimonio histórico y natural, actividades productivas y formas de vida comunitaria.
Además, en el Senado permanece en análisis una iniciativa presentada en marzo de 2026 para incorporar de manera más amplia esta figura a la Ley General de Turismo y regular aspectos como destinos turísticos comunitarios, prestadores de servicios, coordinación entre gobiernos, capacitación y protección del patrimonio. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa federal, la propuesta continúa pendiente de dictaminación en comisiones.
Artesanías, identidad y economía local
La secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, señaló durante la sesión que la reforma busca dar herramientas para proteger y fortalecer los productos y servicios desarrollados por habitantes de las comunidades.
El planteamiento puede abarcar actividades relacionadas con artesanías, gastronomía, patrimonio cultural, naturaleza, tradiciones y experiencias desarrolladas y operadas desde las propias localidades.
La diferencia respecto de otros modelos turísticos está precisamente en quién controla la experiencia y quién recibe los beneficios: el turismo comunitario busca que las personas que habitan el territorio participen directamente en su organización y aprovechamiento económico.
Para Querétaro, donde buena parte de la oferta turística fuera de la zona metropolitana está ligada a patrimonio cultural, gastronomía, producción artesanal, pueblos y espacios naturales, el reconocimiento legal puede abrir una ruta para formalizar proyectos locales.
Sin embargo, su impacto dependerá de lo que ocurra después de la aprobación legislativa: presupuesto, reglas de operación, capacitación, acceso a financiamiento, promoción, infraestructura y capacidad de las comunidades para decidir sobre el modelo turístico que se desarrolla en sus territorios.
El siguiente paso será que el dictamen avance al Pleno de la LXI Legislatura. Sólo después de su aprobación definitiva y publicación correspondiente podrán conocerse los alcances jurídicos finales de la reforma.