Agua vs Data Centers

La nube no cae del cielo: Querétaro, data centers y la nueva disputa por el agua

La inteligencia artificial ya encontró territorio en Querétaro. La pregunta incómoda es si el estado exigirá a la economía digital convertirse en parte de la solución hídrica o si permitirá que crezca sobre acuíferos en déficit, fugas históricas y una ciudadanía cada vez más desconfiada del agua que recibe.

Por Rodrigo Vissuet
Querétaro, Qro.

Querétaro quiere ser una de las capitales tecnológicas de América Latina. El discurso seduce: inteligencia artificial, nube, nearshoring, inversión extranjera, empleos especializados, infraestructura digital, futuro. Pero debajo de esa narrativa de modernidad hay una pregunta que no cabe en los renders corporativos ni en los comunicados de inversión:

¿Puede una ciudad con estrés hídrico convertirse en potencia digital sin hacer del agua el centro de su modelo de desarrollo?

No es una pregunta contra la tecnología. Es una pregunta a favor del territorio.

Porque la nube no vive en el cielo. Vive en edificios de concreto, servidores, fibra óptica, subestaciones eléctricas, plantas de respaldo, sistemas de enfriamiento, permisos, suelo urbanizado y comunidades que muchas veces solo ven pasar la inversión sin saber exactamente qué gana el lugar donde se instala.

Querétaro ya no es un jugador menor en este mapa. CBRE reportó que el inventario de centros de datos en el estado creció 450.2% anual en el primer trimestre de 2026, hasta llegar a 298.2 megawatts, lo que convirtió a Querétaro en el mercado de data centers de más rápido crecimiento en América Latina. La misma firma identifica a la entidad como un punto estratégico por su ubicación industrial, su conectividad y su cercanía con rutas de fibra hacia Norteamérica.

La cifra por sí sola debería provocar una conversación pública de alto nivel. No de miedo. No de simplificación. No de “los data centers nos van a dejar sin agua” como consigna fácil. Pero tampoco de ingenuidad tecnológica.

La conversación seria tendría que empezar con una verdad incómoda: los data centers no inventaron la crisis hídrica de Querétaro, pero sí llegaron a un territorio que ya estaba en crisis.

De los 11 acuíferos del estado, siete tienen disponibilidad media anual negativa. El Valle de Querétaro registra un déficit de -65.56 hm³ anuales, el Valle de San Juan del Río de -56.89 hm³, Amazcala de -22.16 hm³, Buenavista de -13.87 hm³, Tequisquiapan de -5.14 hm³, Tolimán de -4.93 hm³ y Huimilpan de -4.53 hm³. Dicho sin maquillaje técnico: en buena parte del estado se extrae más agua subterránea de la que el sistema puede reponer.

Ahí está el verdadero conflicto. La inteligencia artificial llega a Querétaro no sobre una hoja en blanco, sino sobre una cuenca presionada, una metrópoli en expansión, un modelo inmobiliario que impermeabiliza suelo, una industria que demanda servicios, una red con pérdidas elevadas y una ciudadanía que ya aprendió que tener toma de agua no siempre significa tener seguridad hídrica.

Según la ENCIG 2025 del INEGI, en las zonas urbanas queretanas de más de 100 mil habitantes, 92.2% de la población reporta que el agua potable proviene de la red pública, pero solo 65.7% dice recibir suministro constante y apenas 28.7% considera que el agua es bebible sin temor a enfermarse. La cobertura existe. La confianza no necesariamente.

Y mientras el debate público se concentra en nuevas fuentes de abastecimiento, hay un dato que debería ser políticamente intolerable: en 2025, el vocal ejecutivo de la CEA informó que en Querétaro se pierde cerca del 40% del agua potablepor fugas, clandestinaje o mala medición. Es decir, antes de discutir si la economía digital “va a consumir demasiada agua”, el estado tiene que responder por qué una parte enorme del agua que ya tiene se pierde en el camino.

La llegada de los data centers pone un espejo frente al modelo queretano. Y ese espejo no solo refleja servidores: refleja prioridades.

Amazon Web Services abrió en 2025 su región México Central y afirmó que esta infraestructura incorpora diseño sustentable con tecnología de enfriamiento por aire que elimina la necesidad de agua de enfriamiento en operación. También anunció una inversión superior a 5 mil millones de dólares en México durante 15 años.

CloudHQ, por su parte, anunció una inversión de 4,800 millones de dólares para construir seis centros de datos en Querétaro; Reuters reportó que el proyecto contempla un sistema de enfriamiento sin agua.

Esas promesas importan. No deben minimizarse. Si los nuevos centros de datos realmente operan con sistemas de enfriamiento sin consumo directo de agua, eso representa una diferencia enorme frente a modelos evaporativos tradicionales. Pero también sería irresponsable quedarse en el titular cómodo de “sin agua”.

Porque la huella hídrica de la inteligencia artificial no termina en la llave del sistema de enfriamiento. También puede estar en la generación eléctrica que alimenta los servidores, en la construcción, en la cadena de suministro, en el concreto, en la ocupación de suelo, en la presión sobre redes urbanas, en los picos de demanda energética y en la infraestructura pública que debe expandirse para sostenerlos. Reportes recientes sobre la industria advierten que muchas evaluaciones corporativas se concentran en el uso directo de agua, mientras el consumo indirecto asociado a electricidad y cadenas de suministro puede quedar subestimado.

Ese es el punto político de fondo: Querétaro no necesita una guerra cultural contra los data centers. Necesita una nueva regla de convivencia entre tecnología y territorio.

La pregunta no debería ser solamente: “¿cuánta agua consumen?”. La pregunta completa tendría que ser: ¿cuánta agua ayudan a recuperar, ahorrar, medir, transparentar o regenerar en el lugar donde operan?

Un centro de datos que promete no usar agua para enfriamiento podría ir más lejos. Podría financiar detección inteligente de fugas. Podría invertir en captación pluvial urbana. Podría pagar infraestructura de reúso. Podría contribuir a restaurar zonas de recarga. Podría publicar reportes locales de huella hídrica y energética auditados por terceros. Podría comprometerse a no usar agua potable donde pueda usarse agua tratada. Podría ayudar a que Querétaro no solo sea sede de la inteligencia artificial, sino laboratorio mundial de inteligencia hídrica.

Ese sería el salto sofisticado. No pedirle a la tecnología que se vaya, sino exigirle que se comporte a la altura del territorio que la recibe.

El propio gobierno estatal reconoce la urgencia. El Sistema Batán plantea regenerar y reutilizar mil 800 litros por segundo de agua previamente tratada para suministrar a la Zona Metropolitana de Querétaro, reducir la extracción de pozos profundos e incrementar el saneamiento. En su diagnóstico, el proyecto advierte que la demanda de agua en la zona metropolitana supera la oferta disponible y calcula un déficit de al menos 0.21 m³/s para 2026.

Pero ni Batán, ni los data centers “waterless”, ni las campañas de ahorro doméstico serán suficientes si Querétaro no cambia la lógica completa: pasar de una política de abastecimiento a una política de metabolismo hídrico.

Eso significa medir todo. Reparar fugas. Captar lluvia. Reusar agua. Infiltrar donde hoy se expulsa. Proteger zonas de recarga. Rediseñar parques industriales. Exigir techos captadores en nuevas naves. Crear estacionamientos permeables. Regular desarrollos inmobiliarios por impacto hídrico real. Obligar a que los grandes consumidores publiquen su huella local. Y construir un pacto donde cada nueva inversión estratégica tenga una contraprestación hídrica verificable.

Porque la economía digital puede ser parte de la solución, pero no por decreto publicitario. Solo lo será si se le exige más que inversión: responsabilidad territorial.

La provocación es clara: si Querétaro va a hospedar la nube, la nube tiene que ayudar a cuidar la lluvia.

La ciudad que presume inteligencia artificial no puede seguir perdiendo agua por fugas invisibles. El estado que aspira a ser hub tecnológico no puede seguir urbanizando zonas de recarga como si el suelo fuera infinito. La región que vende futuro no puede construirlo sobre acuíferos en deuda.

Querétaro no tiene que elegir entre agua o tecnología. Pero sí tiene que elegir entre dos modelos: uno donde la tecnología llega, se instala, consume infraestructura y se protege con discursos de sostenibilidad; y otro donde cada megaproyecto se convierte en una obligación pública de regenerar el territorio.

El futuro digital no puede ser una excepción al estrés hídrico. Debe ser una prueba de madurez institucional.

Porque la nube no cae del cielo.
La nube se construye.
Y en Querétaro, cada cosa que se construye debe responder una pregunta antes de presumirse como progreso:

¿Devuelve agua o solo ocupa futuro?

Ten invito a leer mi articulo anterior sobre la Crisis Hídrica dando click aquí

Arcos de qro - agua hay esperanza

Querétaro: la ciudad que dejó de guardar el agua

No basta con que llueva. Si el suelo se urbaniza, los acuíferos se sobreexplotan y la red pierde hasta 40% del agua potable, la crisis hídrica no se resuelve mirando al cielo: se resuelve cambiando el modelo de ciudad.

Por: RodrigoVissuet
Querétaro, Qro., 28 de junio de 2026.

Querétaro no se está quedando sin agua únicamente porque llueva menos. Se está quedando sin futuro hídrico porque durante años confundió crecimiento con expansión, infraestructura con suficiencia y lluvia con seguridad. La crisis real no puede explicarse solo desde la sequía: debe entenderse como una fractura entre el agua que cae, el suelo que ya no infiltra, los acuíferos que se sobreexplotan, la industria que crece, las viviendas que se multiplican y una red que todavía pierde una parte inaceptable del recurso.

Los datos oficiales son contundentes. De los 11 acuíferos de Querétaro, siete tienen disponibilidad media anual negativa. El Valle de Querétaro registra un déficit de -65.56 hm³ anuales; el Valle de San Juan del Río, -56.89 hm³; Amazcala, -22.16 hm³; Buenavista, -13.87 hm³; Tequisquiapan, -5.14 hm³; Tolimán, -4.93 hm³, y Huimilpan, -4.53 hm³. Es decir: la base subterránea que sostiene al estado ya opera en deuda hídrica.

La paradoja es brutal: Querétaro puede pasar de la sequía extrema a la inundación sin resolver su escasez estructural. Puede llover con fuerza y, aun así, no recuperar sus acuíferos. Puede abrir nuevos desarrollos, atraer inversiones globales y presumir sofisticación industrial, mientras debajo de la ciudad el agua se extrae más rápido de lo que la naturaleza alcanza a reponer.

Por eso el problema no es solamente cuánta agua cae, sino qué hace Querétaro con ella cuando cae. Si la lluvia golpea techos, avenidas, fraccionamientos cerrados, estacionamientos, parques industriales y suelos sellados por concreto, se convierte en escurrimiento, colapso pluvial, inundación y pérdida. La ciudad moderna expulsa el agua que las civilizaciones antiguas aprendieron a guardar.

La experiencia cotidiana de la ciudadanía ya confirma el deterioro. Según la ENCIG 2025 del INEGI, en las zonas urbanas queretanas de más de 100 mil habitantes, 92.2% de la población reportó que el agua potable proviene de la red pública, pero solo 65.7% dijo recibir suministro constante, apenas 28.7% consideró que el agua es potable sin temor a enfermarse, y 64.3% manifestó satisfacción con el servicio. La cobertura formal existe; la confianza, la continuidad y la calidad ya no son tan sólidas.

En mayo de 2025, el Municipio de Querétaro activó un Protocolo de Seguridad Hídrica ante la emergencia por sequía. Entre sus medidas se incluyó reducir al menos 50% el gasto de agua en edificios municipales, utilizar agua tratada para riego de áreas públicas, impulsar cosecha pluvial y pedir a las familias reducir 33% su consumo doméstico. Cuando una autoridad pide ese nivel de reducción, ya no habla de cultura del agua: habla de administración de escasez.

Pero hay un dato que debería escandalizar más que cualquier campaña: en 2025, el vocal ejecutivo de la CEA informó que Querétaro pierde cerca del 40% del agua potable por fugas, clandestinaje o mala medición. En otras palabras, antes de discutir nuevos megaproyectos, el estado tendría que responder una pregunta elemental: ¿cuánta agua estamos buscando afuera mientras dejamos escapar la que ya tenemos adentro?

La llegada de los data centers no inventó la crisis, pero sí la volvió imposible de ocultar. Querétaro es ya el mercado de centros de datos de más rápido crecimiento en América Latina: CBRE reportó que su inventario aumentó 450.2% anual en el primer trimestre de 2026, hasta 298.2 MW, impulsado por despliegues de hiperescala e inteligencia artificial. El reto más visible para el sector es la energía, pero el dilema público más profundo es hídrico y territorial: ¿qué tipo de economía digital puede crecer sobre acuíferos en déficit?

Las empresas tecnológicas han comenzado a blindar su narrativa. AWS afirma que su región México Central incorpora enfriamiento por aire que elimina la necesidad de agua de enfriamiento en operación. Microsoft anunció diseños de nueva generación con cero agua para enfriamiento evaporativo, capaces de evitar más de 125 millones de litros por año por centro de datos. CloudHQ, que anunció una inversión de 4,800 millones de dólares para seis centros de datos en Querétaro, también informó que usará un sistema de enfriamiento sin agua.

Pero “waterless” no significa “sin impacto”. La huella hídrica de la economía digital no termina en la torre de enfriamiento. También está en la energía, el concreto, el cambio de uso de suelo, la presión urbana, la infraestructura asociada y la percepción social de desigualdad. Para que la industria tecnológica tenga legitimidad pública en Querétaro, no basta con consumir menos agua: debe demostrar cómo ayuda a recuperar, medir, transparentar y regenerar el sistema hídrico del territorio.

La salida tampoco será una sola obra. El Sistema Batán plantea regenerar y reutilizar mil 800 litros por segundo de agua previamente tratada para suministrar a la Zona Metropolitana, reducir extracción de pozos profundos e incrementar el saneamiento. El propio portal del proyecto advierte que la demanda de agua en la zona metropolitana supera la oferta disponible y calcula un déficit de al menos 0.21 m³/s para 2026.

Pero una visión verdaderamente moderna debe ir más lejos: captar lluvia desde las casas, infiltrar en barrios, restaurar zonas de recarga, reducir fugas, reutilizar aguas tratadas, proteger suelos, rediseñar estacionamientos y parques industriales, y convertir la lluvia urbana en infraestructura.

No es una fantasía. Ciudad de México ha reconocido la captación pluvial como medida para reducir inundaciones, aumentar seguridad hídrica y garantizar derechos al agua y la salud. Singapur canaliza la lluvia que cae sobre dos terceras partes de su territorio hacia 17 reservorios y cosecha escorrentía urbana a gran escala para consumo potable.

Tampoco es una idea nueva. Hace miles de años, los mayas diseñaron ciudades capaces de capturar lluvia, almacenar agua en reservorios, usar cenotes, aguadas, canales, filtros naturales y reglas comunitarias para gestionar el recurso. UNESCO recuerda que, ante la ausencia de aguas superficiales permanentes en Yucatán, la civilización maya desarrolló estrategias colectivas para almacenar y administrar el agua de lluvia.

La lección para Querétaro es poderosa: la ciudad inteligente no es la que solo atrae inteligencia artificial; es la que aprende a comportarse como una cuenca. La que no expulsa la lluvia, la guarda. La que no presume desarrollo mientras seca sus acuíferos. La que no separa industria, vivienda, campo, energía y agua como si fueran expedientes distintos.

Querétaro todavía puede corregir. Pero necesita dejar de hablar del agua como emergencia y empezar a tratarla como el eje rector del territorio. Porque la pregunta ya no es si va a llover. La pregunta es más incómoda: cuando vuelva a llover, ¿Querétaro seguirá dejando ir su futuro por las coladeras?

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El cinismo del «oro azul»: Sheinbaum y Conagua exhiben a la familia Calzada por saquear agua para su club de polo en Querétaro

Por Redacción LYPmultimedios

CIUDAD DE MÉXICO (23 de marzo de 2026). – La conferencia matutina de este lunes se convirtió en un banquillo de acusados para una de las dinastías políticas y económicas más intocables de Querétaro. En un golpe frontal contra los remanentes del viejo régimen, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, desnudaron el multimillonario y cínico esquema de acaparamiento de agua operado por la familia Calzada.

En el marco del Día Mundial del Agua, el gobierno federal expuso cómo el linaje priista —que ha dado dos gobernadores al estado (Antonio Calzada Urquiza y José Calzada Rovirosa) y mantiene tentáculos en el Congreso y alcaldías como El Marqués— utilizó sus influencias para exprimir uno de los acuíferos más deficitarios de México.

De subsidios agrícolas al lujo inmobiliario

El director de Conagua reveló que el clan Calzada concentraba 628 mil metros cúbicos de agua a través de cinco títulos de concesión. El fraude a la nación radicaba en la simulación: los títulos fueron otorgados bajo el rubro de uso agrícola y pecuario, una categoría que, por ley, está exenta del pago de derechos para proteger la producción de alimentos del pueblo.

¿La realidad? Ni una gota se usaba para sembrar. La presidenta Sheinbaum intervino directamente para desmenuzar el despojo: «La Conagua les da una concesión para uso agrícola, no pagan agua. Pero en realidad, esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, con esquí acuático y áreas verdes enormes, mientras la gente de al lado no tiene agua», sentenció la mandataria, en clara referencia a los exclusivos desarrollos ecuestres vinculados a la familia en el municipio de El Marqués.

Por si el lujo no fuera suficiente, el gobierno detectó que la familia extraía el agua gratuita de otro de sus pozos para llenar flotas de pipas y comercializarla, lucrando descaradamente con la necesidad de las colonias queretanas marginadas.

La hipocresía en la máxima tribuna

El momento más álgido y «picoso» de la exhibición llegó cuando Presidencia proyectó un video desde la Cámara de Diputados. En la pantalla apareció un legislador federal priista, perteneciente a la misma familia Calzada, votando enardecido en contra de la reciente y estricta nueva Ley de Aguas.

«México necesita una ley que ponga en el centro a la gente y no a la burocracia, una ley que garantice agua para vivir, no para especular» se escuchaba vociferar al diputado en el video.

El contraste fue fulminante. La presidenta no dejó pasar la ironía de un legislador defendiendo discursivamente el agua «para el pueblo», mientras su familia la privatizaba en pipas y regaba campos de polo sin pagar un peso a la nación. «Se oponían al cambio a la ley porque se les acaban los privilegios», remató Sheinbaum.

El fin de la impunidad hídrica

El mensaje enviado desde Palacio Nacional a la oligarquía queretana fue claro: el agua dejó de ser el botín privado de los apellidos ilustres. Con las nuevas facultades de la Ley de Aguas, el gobierno federal anunció que las concesiones de la familia Calzada ya fueron retiradas y sus instalaciones clausuradas en dos ocasiones (tras intentos de amparo). Además, el clan enfrenta multas históricas que ascienden a 3.5 millones de pesos.

El desmantelamiento de este cacicazgo hídrico marca un antes y un después en Querétaro. La 4T ha dejado claro que el escrutinio sobre el Cártel Inmobiliario y sus socios políticos apenas comienza, y que la especulación con el «oro azul» ya tiene consecuencias penales y económicas.

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El Batán: cuando la sed exige inteligencia colectiva

Por: Daniela Altamirano – LYPmultimedios

“Si no tienes disposición de análisis o capacidad de un ejercicio crítico, no leas este artículo.”
Una advertencia que no es arrogante, sino urgente.
México entero se encuentra en una encrucijada ambiental, pero Querétaro vive una de sus versiones más alarmantes: el abasto de agua. No se trata de alarmismo, sino de un hecho que se percibe en los hogares, en los campos y en las voces de quienes —desde hace años— advierten lo que se avecina si no se actúa con responsabilidad y visión.

Este primero de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue clara durante su participación en la Mañanera del Pueblo: el proyecto del Sistema Hídrico El Batán es tecnológicamente viable y potencialmente replicable si cumple con las normas de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT). Con ejemplos globales, como África y naciones donde el reciclaje de agua residual permite abastecer a millones, Sheinbaum no se limitó a la retórica; trazó una hoja de ruta.

“Hay países que reciclan su agua de desecho y queda potable… Tecnológicamente es factible.”
— Claudia Sheinbaum, 1:30:25, Mañanera del Pueblo
Esa afirmación no es menor. Es un respaldo explícito condicionado a la normatividad. Y, a diferencia de otras declaraciones políticas, esta no se refugia en evasivas. Deja clara la responsabilidad: el Congreso de Querétaro deberá analizar y resolver.

El Congreso como campo de legitimidad
Lo dijo la presidenta: el poder legislativo local es el siguiente actor que debe entrar en escena. No para proteger intereses de grupo, sino para garantizar un proceso abierto, transparente y técnicamente justificado.

La sede del Congreso no puede ser más que eso: la casa del pueblo, no un búnker de negociaciones partidistas. Y sin embargo, lo sabemos: los intereses que rondan El Batán son muchos. Desde los que ven en el proyecto una fuente de especulación financiera, hasta los que, por oposición automática a todo lo que huela a “4T”, descartan sin revisar, sin proponer, sin entender.

Es aquí donde se define el tipo de sociedad que queremos ser: una que espera pasivamente lo que hagan sus legisladores, o una que exige, se informa, propone y se moviliza.

Transparencia: ni favor ni cortesía
Pedir acceso libre al proyecto hídrico no es un favor, es una exigencia ciudadana legítima. Querétaro necesita una plataforma digital pública, donde se documenten las características técnicas del proyecto, los posicionamientos de partidos, la evaluación de expertos y las implicaciones económicas reales.

No basta con confiar en “que se está haciendo lo correcto”. Ese paternalismo ya caducó. Lo que urge es abrir la discusión: organizar foros mixtos con académicos, servidores públicos y ciudadanía. No para repetir lugares comunes, sino para hacer del conocimiento técnico un derecho accesible.

Y, ¿por qué no? Que el propio Congreso facilite una vía de consulta directa: un plebiscito local. No como espectáculo político, sino como herramienta de legitimidad social.

La batalla cultural del agua
Lo más complejo no es la infraestructura, ni siquiera el financiamiento. Lo más difícil es vencer la desinformación y el miedo al cambio. Parte de la oposición califica el proyecto como fraudulento sin sustento técnico. Otros, atrapados en trincheras ideológicas, se niegan siquiera a sentarse a la mesa de discusión.

Pero el agua, señoras y señores, no tiene partido.

Nos enfrentamos a una oportunidad inédita: hacer de El Batán no un proyecto del gobernador, ni de la presidenta, ni de una fracción legislativa, sino una solución colectiva al problema más apremiante del estado. Si no lo hacemos así, el costo será irreversible.

Y entonces sí, quienes hoy se burlan o trivializan el debate, habrán abonado el terreno para el verdadero sueño reaccionario: ese donde el rencor, el fanatismo y la ignorancia ganan por default lo que la razón no defendió a tiempo.

El poder de decidir
Esta columna no defiende a ciegas un proyecto. Defiende la idea de que la acción social informada es más poderosa que cualquier mayoría legislativa o narrativa oficial. Propongo, además, que la potabilización del agua reciclada sea garantizada, como lo sugiere la presidenta y en estricto apego a la norma vigente. Incluso con dicha garantía técnica, debe priorizarse el uso de esa agua tratada para fines industriales, el riego de áreas verdes urbanas y proyectos de reforestación, descartando su aplicación agrícola. Solo así se podría asegurar una sanidad mental colectiva, basada en la confianza pública, la certeza científica y la justicia ambiental.

Si algo quedó claro hoy, es que la pelota ya no está solo en Palacio Nacional ni en la Casa de la Corregidora. Está en la cancha ciudadana, en la calle, en los sindicatos, en las universidades, en las redes.

La historia no se escribe con hashtags ni con silencios cómplices. Se escribe con valentía crítica y organización social.

Y Querétaro, en materia hídrica, ya no tiene tiempo para escribir borradores.

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Sistema Hídrico El Batán: La controversia que sacude al gobierno de Mauricio Kuri

El Proyecto Hídrico El Batán, concebido como una solución a la crisis hídrica de Querétaro, ha desatado una controversia que pone en entredicho las decisiones del gobierno de Mauricio Kuri. Este plan, que busca garantizar agua potable para la zona metropolitana durante las próximas tres décadas, enfrenta cuestionamientos por su falta de transparencia, viabilidad técnica y alto costo financiero. Liderando la oposición está el diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, acompañado por un grupo de aliados que incluye legisladores y figuras locales, quienes han señalado inconsistencias y exigido alternativas sustentables. Este artículo analiza los orígenes del proyecto, las críticas de la oposición y el contexto político.

Orígenes del Sistema El Batán

El 4 de marzo de 2025, el gobernador Mauricio Kuri presentó el Sistema Hídrico El Batán, o «Batán, Agua para Todos», ante la Cámara de Diputados local. El proyecto propone tratar aguas residuales para convertirlas en agua potable, con una capacidad de 3,600 litros por segundo, superando al Acueducto II. Con un costo inicial de 9,500 millones de pesos (más IVA) y una Asociación Público-Privada (APP) que comprometería al estado a pagos de 41,000 millones de pesos durante 27 a 30 años, el gobierno lo plantea como una respuesta al estrés hídrico de Querétaro, sexto estado más afectado en México, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El proyecto, respaldado por Conagua, busca posicionar a Querétaro como líder en reúso de agua, pero la elección de Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), una empresa sin experiencia en potabilización, y la falta de estudios técnicos públicos han generado dudas sobre su ejecución.

La oposición liderada por Gilberto Herrera y sus aliados

Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal por el Distrito 1 de Querétaro y exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha encabezado la oposición al Sistema El Batán, cuestionando su viabilidad financiera, técnica y sanitaria. Acompañado por un grupo diverso de aliados, Herrera ha articulado una crítica que combina análisis técnico con demandas de transparencia. Entre sus principales aliados se encuentran:

  • Rufina Benítez Estrada, diputada federal de Morena, quien ha respaldado a Herrera en temas como la defensa de ejidatarios y la oposición a proyectos que beneficien a privados.

  • Rosalba Velázquez Ramírez, diputada local de Morena en la LXI Legislatura, conocida por su trabajo en la defensa de derechos sociales y su crítica a la opacidad del proyecto.

  • María Blanca Estela Sánchez, diputada local de Morena, que ha apoyado iniciativas para priorizar el acceso al agua en comunidades marginadas.

  • Erick Ricardo Ortega, diputado local de Morena, quien ha cuestionado la falta de inclusión de comunidades rurales en la planificación hídrica.

  • Fernando Avse Flores Pérez, regidor del municipio de Querétaro, un aliado activo que ha respaldado a Herrera en temas como la protección de tierras ejidales y la oposición al Sistema El Batán.

  • Astrid Ortega Vázquez, alcaldesa de Cadereyta de Montes, quien ha denunciado intereses políticos detrás del manejo del agua en su municipio y ha recibido el apoyo de Herrera en conflictos relacionados con el abasto hídrico.

El 12 de junio de 2025, Herrera presentó una propuesta alternativa en tres ejes: mesas técnicas con expertos, revisión de los procesos de potabilización y soluciones que eviten contratos a largo plazo con privados. Ha señalado discrepancias con un convenio de 2024 firmado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que destinaba 4,300 millones de pesos para extraer agua de la presa El Batán, no para tratar aguas residuales. Herrera estima que los costos del proyecto podrían alcanzar los 80,000 millones de pesos debido a ajustes inflacionarios, lo que considera una carga insostenible.

Los aliados de Herrera han organizado conversatorios con académicos, ambientalistas y expertos en salud pública, exigiendo un observatorio independiente para monitorear la calidad del agua y un diagnóstico hídrico integral, elementos ausentes en la propuesta estatal.

La postura del gobierno de Kuri

Mauricio Kuri ha defendido el Sistema El Batán como un proyecto técnico trabajado durante cuatro años, respaldado por Conagua y 13 presidentes municipales que firmaron el manifiesto «Unidos por el Agua» en Corregidora. También cuenta con el apoyo de la Coparmex, la Canaco y sectores de la Iglesia católica. Kuri asegura que el agua tratada cumplirá con la Norma Oficial Mexicana para consumo humano y ha acusado a la oposición de politizar un tema de interés público.

Sin embargo, la falta de estudios técnicos públicos y de un plan claro para mitigar riesgos sanitarios ha debilitado su postura. Las críticas de Herrera y sus aliados, como Rufina Benítez y Fernando Avse, han resaltado la opacidad en los términos de la APP y la exclusión de comunidades vulnerables, como las indígenas de Amealco, en la planificación del proyecto.

Cuestionamientos técnicos y financieros

Expertos convocados por la oposición han advertido que el tratamiento de aguas residuales para consumo humano requiere estándares rigurosos que no han sido detallados por el gobierno. La ausencia de un observatorio independiente y de un diagnóstico hídrico integral alimenta las dudas sobre la viabilidad técnica. La elección de Pinfra como operadora ha sido cuestionada debido a su falta de experiencia en potabilización, lo que podría comprometer la calidad del agua.

El modelo financiero del proyecto, basado en una APP, implica un endeudamiento de al menos 41,000 millones de pesos, con proyecciones de hasta 80,000 millones por ajustes inflacionarios. Este esquema ha sido comparado con el «Fobaproa» de los noventa, generando temores de una carga económica insostenible. Proyectos previos del gobierno estatal, como el reemplacamiento vehicular de 1,500 millones de pesos, han reforzado la desconfianza ciudadana hacia iniciativas de gran escala.

Contexto político y social

El debate sobre El Batán se desarrolla en un Querétaro polarizado, donde el PAN ha dominado históricamente, pero Morena ha ganado terreno. Herrera y sus aliados, incluyendo a la alcaldesa Astrid Ortega y los legisladores locales Rosalba Velázquez, María Blanca Estela Sánchez y Erick Ortega, representan una corriente que prioriza la transparencia y la inclusión. Por su parte, el PAN de Kuri enfatiza el desarrollo económico y las alianzas con el sector privado, lo que ha generado críticas por privilegiar intereses corporativos.

La sociedad queretana está dividida: mientras sectores empresariales y medios locales apoyan el proyecto, académicos, ambientalistas y comunidades afectadas por el desabasto exigen claridad. Las lluvias de junio de 2025, que inundaron zonas del estado mientras otras enfrentaban escasez, han resaltado la urgencia de soluciones hídricas bien planificadas.

Un futuro en disputa

El Sistema Hídrico El Batán sigue en análisis en las Comisiones Unidas de la LXI Legislatura, con un futuro incierto. Las críticas de Gilberto Herrera, respaldadas por Rufina Benítez, Fernando Avse, Astrid Ortega, Rosal Rulfo, María Blanca Estela Sánchez, Erick Ortega y otros, han expuesto las limitaciones del proyecto en términos de transparencia, viabilidad y equidad. El gobierno de Kuri insiste en su necesidad, pero no ha logrado responder a las demandas de participación ciudadana.

Esta controversia refleja tensiones más amplias sobre el modelo de desarrollo en Querétaro. El resultado del debate determinará no solo el acceso al agua, sino también la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de una sociedad diversa y en transformación. La gestión responsable del agua, un recurso cada vez más escaso, sigue siendo un desafío crítico para el estado.