El gobierno de México, a través de las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social (STPS), anunció el cierre exitoso del caso de Impro Industries (IMPRO), una empresa ubicada en Villa de Reyes, San Luis Potosí, luego de una investigación sobre presuntas violaciones a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva. Este caso se gestionó bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Tras una exhaustiva investigación iniciada tras una queja, México compartió los resultados con Estados Unidos el pasado 6 de septiembre de 2024. En ellos se detalló que, aunque existían preocupaciones sobre la transparencia en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de 2024 y sobre la presión hacia los trabajadores durante las votaciones, no se encontraron pruebas suficientes para respaldar estas acusaciones. Además, se verificó que el procedimiento se realizó conforme a la Ley Federal del Trabajo, garantizando la participación de los empleados.
En cuanto al despido de un trabajador por presunta actividad sindical, tampoco se encontraron elementos para confirmar que se tratara de una represalia antisindical. No obstante, durante las mesas de diálogo organizadas por la STPS, se alcanzó un acuerdo para la reinstalación de este trabajador.
A pesar de que IMPRO negó las acusaciones, la empresa implementó una serie de medidas en coordinación con la STPS para mejorar las condiciones laborales. Estas incluyeron la publicación de una carta de compromiso de neutralidad en temas sindicales, la capacitación del personal administrativo sobre los derechos de libertad de asociación, y el establecimiento de lineamientos claros de conducta.
Finalmente, ambos países determinaron el cierre del caso al amparo del MLRR, comprometiéndose a seguir supervisando la situación laboral en IMPRO para garantizar el respeto continuo a los derechos colectivos de los trabajadores.
Este resultado reafirma el compromiso de México de implementar de manera efectiva las disposiciones laborales del T-MEC, garantizando los derechos de los trabajadores y promoviendo un entorno laboral justo y equitativo.
