Finanzas estatales destacan calificaciones, baja deuda y recaudación; Planeación presume miles de ejercicios de participación. Pero los datos presentados ante el Congreso no permiten saber cuánto de ese desempeño se traduce en mejores servicios, ni cuánto de la participación ciudadana termina modificando las decisiones públicas.
Por: Redacción | LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 25 de septiembre de 2026.— La comparecencia de los secretarios de Finanzas y de Planeación y Participación Ciudadana ante la LXI Legislatura, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, dejó una fotografía favorable para la administración estatal: finanzas sólidas, baja deuda, alta recaudación, buenas calificaciones crediticias y una larga lista de mecanismos de participación ciudadana.
Pero detrás de esa fotografía hay preguntas que el discurso oficial no termina de responder.
El secretario de Finanzas, Gustavo Arturo Leal Maya, centró buena parte de su exposición en las fortalezas macrofinancieras de Querétaro: calificaciones AAA durante los últimos cinco años, bajo nivel de endeudamiento, liquidez, crecimiento de los ingresos y reconocimiento de organismos y calificadoras.
El secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez, hizo lo propio con una extensa batería de cifras sobre consejos, encuestas, mesas de trabajo, consultas y propuestas ciudadanas.
El problema es que tener finanzas ordenadas no equivale automáticamente a tener un gobierno eficaz; del mismo modo, contabilizar participación no demuestra por sí mismo que la ciudadanía esté decidiendo.
Y esa diferencia es precisamente la que la glosa debería ayudar a esclarecer.
Finanzas fuertes, ¿pero medidas con qué resultados?
Leal Maya aseguró que Querétaro proyecta cerrar 2026 con alrededor de 61 mil millones de pesos de ingresos, frente a los 39 mil millones con los que recibió la administración, y reportó un avance de 61% en los ingresos totales al mes de julio.
También informó que los ingresos propios alcanzarían alrededor de 12 mil millones de pesos, con 7 mil 733 millones recaudados al mes de julio, equivalentes a un avance de 66%.
El discurso oficial utiliza estos datos como evidencia de fortaleza.
Sin embargo, una hacienda pública no se evalúa únicamente por cuánto recauda.
También debe preguntarse qué se hace con lo recaudado, quién se beneficia del gasto, qué servicios mejoran y qué resultados concretos obtiene la población.
Ahí la glosa ofrece menos respuestas.
El funcionario afirmó que 92% del gasto corresponde a gasto social y 8% a gasto administrativo. Incluso señaló montos de 245 mil millones y 22 mil millones de pesos, respectivamente.
Pero el documento no explica con claridad el periodo al que corresponden esas cantidades ni cómo se relacionan con el presupuesto estatal de alrededor de 60 mil millones de pesos que el propio secretario reporta en la misma comparecencia.
Esa diferencia no debería pasar inadvertida.
No necesariamente significa que exista un error: podría tratarse de acumulados, universos presupuestarios distintos o una referencia que la glosa no desarrolla. Pero precisamente por eso la información requiere una explicación más precisa antes de utilizarse como evidencia de desempeño financiero.
La deuda: un dato favorable que tampoco cuenta toda la historia
El secretario destacó que Querétaro registró en el segundo trimestre de 2026 el menor monto de deuda entre las entidades federativas y que el empréstito solicitado en 2023 llevaba, al corte de agosto, 75% de pago. La administración prevé concluir 2027 sin deuda.
Es, sin duda, un indicador relevante.
Pero nuevamente, la deuda es apenas una parte de la fotografía fiscal.
La ausencia de endeudamiento no garantiza por sí misma que el gasto público sea eficiente, que las obras tengan impacto suficiente o que los recursos estén siendo asignados a las necesidades prioritarias.
Una entidad puede tener poca deuda y, al mismo tiempo, enfrentar rezagos importantes.
Por eso, una glosa rigurosa tendría que complementar el dato financiero con indicadores de resultados: costo de programas, avance físico de obras, población beneficiada, metas cumplidas y evaluación de impacto.
El propio formato de la glosa no permite ese nivel de detalle.
Empresas: la columna vertebral de los ingresos
Otro elemento particularmente revelador fue la afirmación de Leal Maya de que las empresas aportan más de 80% de los recursos locales y federales, razón por la cual llamó a cuidar la visión que se tiene de Querétaro como destino de inversión.
La afirmación muestra una de las características centrales del modelo económico estatal: la fortaleza fiscal está estrechamente vinculada al dinamismo empresarial e industrial.
Eso representa una fortaleza, pero también una dependencia que merece discusión.
Si una parte tan significativa de los recursos está relacionada con la actividad empresarial, la política económica del estado no solo debe preguntarse cuánto atrae de inversión, sino qué calidad tienen los empleos generados, cuánto valor permanece en la economía local, cómo se distribuye la riqueza y cuál es el costo social y ambiental del crecimiento.
Esas preguntas quedaron fuera de la comparecencia descrita en el boletín.
Mucha participación ciudadana, pero falta demostrar incidencia
La exposición de Luis Antonio Rangel Méndez estuvo acompañada de una cifra particularmente llamativa de mecanismos participativos.
El funcionario reportó 23 consejos ciudadanos, alrededor de 800 personas involucradas, 345 sesiones, 142 mesas de trabajo y propuestas recibidas a través de plataformas y directamente en los consejos.
Después amplió todavía más el inventario:
527 participaciones en el portal de Participación Ciudadana, 34 mil encuestas, alrededor de 11 mil propuestas, 94 mil encuestas de evaluación, 350 talleres, 497 mesas temáticas, 500 consultas sobre proyectos, 340 mil encuestas casa por casa, 300 encuestas a líderes y 310 mil participaciones en portales ciudadanos.
El volumen impresiona.
Pero contar participación no es lo mismo que demostrar incidencia.
La pregunta fundamental no es cuántas encuestas se realizaron.
Es:
¿Cuántas decisiones cambiaron como consecuencia de esas encuestas?
¿Cuántas propuestas ciudadanas fueron incorporadas al presupuesto?
¿Cuántas modificaron programas?
¿Cuántas cambiaron proyectos?
¿Cuántas fueron rechazadas y por qué?
¿Cuántas personas participaron de manera repetida y cuántas lo hicieron una sola vez?
¿Existe una metodología pública para medir el impacto de esa participación?
El propio secretario reconoció que lo realizado todavía no es suficiente y sostuvo que es necesario continuar fortaleciendo la conversación pública.
Esa admisión resulta relevante.
Porque significa que el propio gobierno reconoce que la existencia de mecanismos participativos no constituye el punto final.
El riesgo de convertir la participación en estadística
Hay otra cuestión de fondo.
Cuando una administración presenta cientos de miles de encuestas y participaciones como evidencia de democracia participativa, existe el riesgo de confundir cantidad con calidad democrática.
Una encuesta puede recoger una opinión.
Una mesa puede generar una propuesta.
Una consulta puede registrar una preferencia.
Pero la participación democrática adquiere verdadera relevancia cuando existe retroalimentación, deliberación, transparencia sobre las decisiones y capacidad efectiva de incidencia.
De lo contrario, la ciudadanía corre el riesgo de convertirse en una fuente de datos para el gobierno, más que en un actor con capacidad de modificarlo.
El propio discurso de Rangel Méndez ofrece una pista: habló de la necesidad de construir un repositorio que permita sistematizar la conversación ciudadana y convertirla en un “gran repositorio de futuro y de ideas” vinculado al Plan Estratégico de Largo Plazo Querétaro 2050.
La pregunta será entonces qué hará el gobierno con esa gigantesca base de información.
Porque almacenar la voz de la ciudadanía no es lo mismo que escucharla.
La glosa que todavía necesita otra capa
La comparecencia deja una conclusión incómoda.
El gobierno de Querétaro tiene argumentos para presumir indicadores financieros favorables: baja deuda, crecimiento de ingresos, liquidez y reconocimientos en materia de gestión financiera. También ha construido una infraestructura institucional para recopilar opiniones y propuestas ciudadanas.
Pero la glosa no debería terminar en la enumeración de reconocimientos, rankings y estadísticas.
Debe llegar al resultado.
¿En qué se tradujo cada peso adicional recaudado?
¿Qué servicios públicos mejoraron?
¿Cuáles programas cumplieron sus metas?
¿Qué proyectos tuvieron impacto medible?
¿Qué propuestas ciudadanas llegaron efectivamente a una decisión de gobierno?
¿Y cuáles fueron descartadas?
Porque si el gobierno quiere hablar de finanzas responsables, la responsabilidad también implica demostrar resultados.
Y si quiere hablar de participación ciudadana, la democracia también implica demostrar incidencia.
La fortaleza financiera de Querétaro puede ser un punto de partida.
No debería convertirse en el argumento final.
Y los cientos de miles de participaciones ciudadanas pueden representar una enorme fuente de información pública.
Pero mientras no se conozca con claridad qué decisiones cambiaron gracias a ellas, seguirán siendo principalmente cifras de participación.
La verdadera glosa comienza justamente lo que se observan son los resultados.