La iniciativa plantea crear una figura jurídica específica, transparentar el uso de agua y electricidad y exigir reportes anuales. Activistas también solicitaron suspender temporalmente nuevas autorizaciones, aunque esa petición no aparece claramente incorporada en la reforma presentada.
Querétaro, Qro., 6 de noviembre de 2026.— Los centros de datos que pretendan instalarse en Querétaro tendrían que someterse obligatoriamente a una evaluación de impacto ambiental, informar cuánta agua y electricidad consumirán y pasar por una consulta pública temprana, de aprobarse una iniciativa presentada en el Congreso local.
La propuesta fue promovida por los diputados de Morena Eric Silva Hernández y Claudia Díaz Gayou, quienes acompañaron a Teresa Roldán Soria y Lorenia Trueba Almada, integrantes del colectivo Voceras de la Madre Tierra.
El proyecto busca reformar el Código Ambiental de Querétaro para reconocer legalmente a los centros de datos como una actividad con requerimientos particulares de energía, agua, territorio, refrigeración y manejo de residuos.
Actualmente, según los promoventes, la legislación estatal no contiene una categoría específica para esta infraestructura tecnológica, lo que dificulta conocer sus impactos acumulados y establecer obligaciones uniformes.
¿Qué cambiaría con la iniciativa?
La propuesta plantea cuatro obligaciones principales:
- Evaluación de impacto ambiental específica y obligatoria antes de autorizar un centro de datos.
- Consulta pública temprana, previa a la aprobación definitiva de los proyectos.
- Creación de un inventario público con las instalaciones existentes y los recursos naturales que utilizan.
- Presentación obligatoria de un informe ambiental anual, en lugar de mantenerlo como un ejercicio voluntario.
Eric Silva sostuvo que parte de la información sobre consumo de agua y electricidad permanece reservada, por lo que la reforma buscaría convertirla en un insumo público para evaluar el costo ambiental del crecimiento tecnológico.
La consulta ciudadana ya aparece como una posibilidad dentro de la legislación ambiental, explicó el diputado, pero la iniciativa pretende regular sus etapas y volverla obligatoria para esta industria.
Querétaro concentra capacidad, no necesariamente 70% de las instalaciones
Claudia Díaz Gayou afirmó que Querétaro concentra más del 70% de los centros de datos instalados en México. Sin embargo, la medición documentada por la industria corresponde principalmente a capacidad energética instalada, no necesariamente al número de edificios o empresas.
La Asociación Mexicana de Centros de Datos reportó en mayo que Querétaro concentraba 72% de los 279 megawatts instalados entonces en el país. La diferencia es relevante: contar instalaciones y medir su capacidad eléctrica son indicadores distintos.
Datos más recientes atribuidos a la Secretaría de Desarrollo Sustentable señalan que existen 12 instalaciones operativas, con alrededor de 250 megawatts, además de 18 proyectos pendientes de construcción.
Estas cifras confirman el peso de Querétaro en la industria, pero también evidencian la necesidad de un registro único que distinga empresas, complejos, edificios, capacidad instalada y proyectos anunciados.
El gobierno estatal ya prepara mediciones para 2027
La iniciativa llega después de que la Secretaría de Desarrollo Sustentable anunciara que aplicará la Cédula de Operación Anual a los centros de datos para medir consumo de agua, emisiones y residuos.
El gobierno estatal ha señalado que comenzará a publicar esta información en 2027. La propuesta legislativa buscaría que la entrega de datos deje de depender de acuerdos administrativos y se convierta en una obligación establecida en la ley.
La reforma tendría que precisar qué información será pública, cuál podría reservarse por razones de seguridad industrial y qué autoridad verificaría que las cifras entregadas por las empresas sean correctas.
También deberá establecer sanciones por incumplimiento, metodología de medición y mecanismos de coordinación con instancias federales. La asignación de agua corresponde a la Comisión Nacional del Agua, mientras que el suministro eléctrico involucra a la CFE y al Centro Nacional de Control de Energía.
Agua, electricidad y empleos bajo discusión
Las promoventes cuestionaron que la atracción de centros de datos sea presentada únicamente como un logro económico, sin publicar previamente su demanda de recursos ni sus efectos territoriales.
Teresa Roldán advirtió que Querétaro enfrenta condiciones recurrentes de estrés hídrico y sostuvo que el desarrollo no debe evaluarse únicamente por el volumen de inversión, sino también por sus consecuencias sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades.
Díaz Gayou, por su parte, cuestionó las promesas de generación de empleo asociadas con esta industria. Los grandes proyectos sí producen miles de puestos durante su construcción, pero requieren plantillas considerablemente menores cuando comienzan a operar.
El proyecto de CloudHQ anunciado para Querétaro, por ejemplo, contempla una inversión de 4 mil 800 millones de dólares y seis centros de datos. El Gobierno federal estimó 7 mil 200 empleos durante la construcción y 900 puestos permanentes. La empresa aseguró que empleará refrigeración sin agua.
Estas diferencias muestran por qué la evaluación debe realizarse proyecto por proyecto: no todos los centros tienen la misma capacidad, sistema de enfriamiento, consumo hídrico, demanda eléctrica ni generación de empleo.
Activistas piden detener nuevas autorizaciones
Lorenia Trueba solicitó una suspensión provisional de nuevas aprobaciones mientras se construye el marco regulatorio y se conoce la disponibilidad real de agua y energía.
La petición de moratoria debe distinguirse del contenido confirmado de la iniciativa. La información presentada no precisa si la suspensión forma parte del articulado, cuánto duraría, qué proyectos alcanzaría ni bajo qué facultad podría decretarse.
La propuesta apenas inicia su recorrido legislativo. Tendrá que ser turnada a comisión, analizada, eventualmente modificada y votada por el Pleno. Después requeriría su publicación para entrar en vigor.
Su alcance dependerá de aspectos que aún deben conocerse: las sanciones, los límites de consumo, los criterios para autorizar proyectos, la autoridad encargada de inspeccionarlos y el tratamiento de las inversiones que ya se encuentran en desarrollo.
El debate de fondo no consiste solamente en aceptar o rechazar centros de datos. La pregunta es bajo qué reglas pueden operar en una entidad que busca inversión tecnológica, pero necesita conocer con precisión cuánta agua, electricidad y territorio compromete para sostenerla.