La coordinadora de Movimiento Ciudadano reconoció avances del gobierno estatal en seguridad y protección civil, pero introdujo un señalamiento que quedó sin desarrollar: pidió frenar la violencia laboral y política de género dentro de la Legislatura. Su posicionamiento también dejó cifras que requieren precisión.
Santiago de Querétaro, Qro., 8 de septiembre de 2026.— Movimiento Ciudadano eligió una posición intermedia frente al quinto informe de Mauricio Kuri González: reconoció resultados de su administración en seguridad, protección civil y combate a la corrupción, mientras colocó sobre la mesa una acusación delicada acerca del ambiente laboral dentro del Congreso de Querétaro.
La coordinadora parlamentaria de MC, Teresita Calzada Rovirosa, abrió su intervención con un llamado a detener la violencia laboral y rechazar las agresiones que puedan derivar en violencia política contra las mujeres en razón de género.
El señalamiento resulta relevante porque fue formulado desde la tribuna por quien encabeza una bancada. Sin embargo, quedó incompleto: Calzada no identificó hechos, personas involucradas, fechas, áreas de la Legislatura ni posibles denuncias presentadas ante órganos internos o autoridades electorales.
La ausencia de esos elementos impide conocer si la diputada describió casos documentados, episodios actualmente bajo investigación o una advertencia general. También deja una responsabilidad pendiente para el Congreso: aclarar si existen procedimientos abiertos y explicar qué mecanismos emplea para prevenir, atender y sancionar estas conductas.
Un reconocimiento político al gobierno estatal
Fuera de ese señalamiento, la postura de Movimiento Ciudadano fue considerablemente favorable a la administración de Kuri.
Calzada reconoció la respuesta gubernamental ante emergencias, la coordinación institucional en materia de seguridad y la atención proporcionada a 108 comunidades y 102 colonias afectadas por distintos fenómenos. También respaldó el fortalecimiento de Sinergia por Querétaro y la propuesta de aplicar controles más estrictos a quienes pretendan competir por cargos públicos en 2027.
La diputada atribuyó al gobierno estatal la incorporación de 800 policías municipales y estatales, así como una inversión superior a cuatro mil millones de pesos en seguridad. Estas cifras, planteadas originalmente por el Ejecutivo, necesitarán durante la glosa un desglose que permita conocer cuántos elementos continúan activos, cómo se distribuyeron entre corporaciones y qué conceptos integran la inversión anunciada.
El respaldo de MC al endurecimiento de los filtros para las candidaturas lo acerca a la propuesta del gobernador de establecer un protocolo contra la infiltración criminal. La diferencia estará en su ejecución: exámenes, declaraciones patrimoniales o controles de confianza solamente tendrán utilidad si existen criterios verificables, autoridades independientes y consecuencias ante información falsa.
El propio diputado emecista Paul Ospital había advertido anteriormente que México podría llegar a una hipotética declaración “15 de 15” sin resolver la impunidad si las leyes no se aplican por igual. Las dos posiciones pueden coexistir: elevar los controles de ingreso y, simultáneamente, evitar que se conviertan en ceremonias documentales sin capacidad sancionadora.
Los recursos de protección civil sí aparecen en el presupuesto
Calzada mencionó dos bolsas económicas destinadas a emergencias y protección civil. En este punto, la información puede comprobarse en el Presupuesto de Egresos estatal.
El artículo 27 contempla hasta 65 millones de pesos para grupos de atención médica prehospitalaria y cuerpos de bomberos, además de una reserva mínima de 100 millones para contingencias y desastres. El documento permite utilizar hasta 20 por ciento de esta última cantidad para atender afectaciones al campo.
La existencia presupuestal del dinero, sin embargo, no demuestra por sí sola su entrega o sus resultados. Para evaluar la política pública será necesario conocer cuánto fue ejercido, qué instituciones recibieron recursos, bajo qué criterios y qué porcentaje permaneció disponible al cierre del ejercicio.
La legisladora también se atribuyó gestiones por aproximadamente 57.2 millones de pesos para 22 obras de infraestructura y equipamiento que, según expuso, beneficiarían a 354 mil personas. La cifra fue presentada sin un anexo que identifique proyectos, comunidades, fuentes presupuestales, contratos o métodos empleados para calcular a la población beneficiada.
Publicar ese inventario permitiría distinguir entre recursos gestionados directamente por la diputada, proyectos aprobados con su acompañamiento y obras ejecutadas por otras instituciones.
Dos afirmaciones que necesitan precisión
La intervención incluyó la afirmación de que en México son asesinadas, en promedio, más de 90 personas cada día. El dato no corresponde con el reporte federal más reciente disponible.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que julio de 2026 registró un promedio de 42.5 víctimas diarias de homicidio doloso. En septiembre de 2024, la referencia utilizada por el gobierno federal era de 86.9. El problema de violencia sigue siendo grave, pero el dato utilizado por Calzada necesita una fecha o fuente específica para sostenerse.
También afirmó que Querétaro acumula “cero observaciones” de la Auditoría Superior de la Federación. La frase es demasiado amplia. La matriz oficial de la Cuenta Pública 2024 registra, por ejemplo, una auditoría al sector salud estatal con un resultado que generó observación o acción, aunque sin monto pendiente por aclarar.
La distinción importa: cero pesos pendientes de aclaración no significa necesariamente cero observaciones, y una auditoría federal revisa fondos, programas y muestras determinadas, no la totalidad del gasto público estatal.
Una oposición que acompaña, pero deberá fiscalizar
La postura de Calzada proyecta a Movimiento Ciudadano como una oposición dispuesta a reconocer resultados y acompañar determinadas iniciativas del gobierno panista. Esa posición puede convertirse en una diferencia política frente a la confrontación entre PAN y Morena, aunque también obliga a MC a explicar con claridad dónde termina la coincidencia y comienza la fiscalización.
El examen real llegará durante la glosa. Allí podrán solicitarse los expedientes de las 22 obras atribuidas a la gestión legislativa, el desglose de la inversión en seguridad, el ejercicio de los fondos para emergencias y la evidencia que sustente los resultados celebrados.
También deberá aclararse el señalamiento que abrió la intervención. Si dentro del Congreso existen casos de violencia laboral o política contra las mujeres, la respuesta institucional no puede terminar en una mención desde la tribuna. Requiere nombres de procedimientos, protección para posibles víctimas, investigaciones y resultados.
Movimiento Ciudadano concedió buena parte del diagnóstico favorable al gobierno de Kuri. Al mismo tiempo, formuló una advertencia sobre su propia casa legislativa. Lo primero representa una definición política; lo segundo exige consecuencias.