Reforma de bienestar animal en México abre paso a una ley nacional; esto es lo que ya cambió y lo que aún está en discusión
La reforma constitucional ya obliga al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. Sin embargo, la legislación nacional aún no ha sido aprobada, por lo que las nuevas obligaciones y prohibiciones continúan en proceso de definición.
Ciudad de México. México se encuentra en una etapa de transformación de su marco jurídico en materia de protección animal. Aunque en el debate público suele hablarse de una «nueva Ley de Bienestar Animal», especialistas advierten que el cambio más importante ya ocurrió en el plano constitucional, mientras que la legislación que establecerá las nuevas reglas nacionales todavía se encuentra en proceso legislativo.
La reforma constitucional aprobada recientemente reconoce que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la protección, el cuidado y el bienestar de los animales, así como prevenir el maltrato. Además, establece el mandato para que el Congreso de la Unión expida una Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que deberá homologar criterios en todo el país.
Hasta que esa ley sea aprobada, continúan vigentes la Ley Federal de Sanidad Animal, las leyes estatales de protección animal y otras disposiciones federales y locales relacionadas con el maltrato y la protección de los animales.
Del modelo fragmentado a criterios nacionales
Uno de los principales objetivos de la futura legislación es reducir las diferencias que actualmente existen entre las entidades federativas.
Hasta ahora, cada estado cuenta con su propia ley de protección animal, lo que ha generado criterios distintos sobre sanciones, obligaciones de los propietarios y mecanismos de atención al maltrato.
La futura Ley General busca establecer un piso mínimo de protección para todo el país, respetando las competencias de los distintos órdenes de gobierno.
¿Qué plantea la futura Ley General?
Aunque el texto definitivo aún no ha sido aprobado por el Congreso, las iniciativas presentadas coinciden en varios principios orientados a fortalecer el bienestar animal.
Entre ellos se encuentra la adopción del concepto internacional de las Cinco Libertades, que promueve que los animales permanezcan:
- libres de hambre y sed;
- libres de dolor y enfermedad;
- libres de miedo y angustia;
- y con la posibilidad de expresar su comportamiento natural.
Las propuestas también contemplan reforzar las responsabilidades de quienes tienen animales bajo su cuidado mediante obligaciones relacionadas con alimentación adecuada, acceso permanente al agua, atención veterinaria, espacios apropiados y la prevención del abandono y el maltrato.
Coordinación entre autoridades
Otro de los ejes de la futura legislación consiste en fortalecer la coordinación entre Federación, estados y municipios.
Las iniciativas analizadas plantean que las autoridades trabajen de manera conjunta en tareas como inspecciones, rescate de animales, campañas permanentes de esterilización, educación para la tenencia responsable y sistemas de denuncia y atención preventiva.
Sectores que podrían verse impactados
De aprobarse en términos similares a las iniciativas actualmente discutidas, la Ley General tendría efectos en diversos sectores.
Además de las personas propietarias de animales de compañía, también alcanzaría actividades relacionadas con la producción pecuaria, la medicina veterinaria, el comercio de animales, los criaderos y la investigación científica, incorporando estándares más amplios de bienestar animal.
Asimismo, algunas iniciativas proponen revisar aspectos relacionados con espectáculos donde participan animales, reproducción comercial, transporte y métodos de sacrificio humanitario.
No obstante, estos temas continúan sujetos al proceso legislativo y podrían modificarse antes de la aprobación definitiva.
Un debate que aún no concluye
Diversas organizaciones de protección animal consideran que una legislación nacional permitirá reducir las diferencias legales entre estados y fortalecer la prevención del maltrato.
Al mismo tiempo, representantes del sector pecuario, especialistas y algunos juristas han expresado preocupaciones relacionadas con los costos de implementación, la distribución de competencias entre autoridades y la necesidad de que las nuevas disposiciones sean compatibles con las actividades productivas.
Por ello, el contenido definitivo de la Ley General aún dependerá de la discusión parlamentaria y de los acuerdos que alcance el Congreso.
Lo que sigue
Una vez que el Congreso apruebe la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, las entidades federativas deberán armonizar sus leyes locales y los municipios adecuar sus reglamentos conforme al nuevo marco jurídico.
Hasta entonces, las disposiciones específicas que han sido planteadas en distintas iniciativas todavía no constituyen obligaciones legales vigentes.
La reforma constitucional representa un cambio de fondo al incorporar el bienestar animal como un mandato para el Estado mexicano. Sin embargo, la manera en que ese principio se traducirá en obligaciones concretas para autoridades, personas propietarias, sectores productivos y actividades relacionadas con los animales dependerá del texto final que apruebe el Poder Legislativo.